A Boston Consulting le sale caro el ‘no informe’ de renovables: podría dejar de ser contratada por el sector público

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Un trabajador coloca un panel solar en una instalación.
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Un trabajador coloca un panel solar en una instalación.
Un trabajador coloca un panel solar en una instalación.

La licitación de los informes técnicos de la retribución de las instalaciones de renovables podría salirle muy cara a la consultora Boston Consulting Group. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), adoptó el pasado 11 de febrero “una resolución de contrato con Boston Consulting Group para llevar a cabo trabajos de asistencia técnica correspondiente a la elaboración y realización de estudios que valoren y establezcan los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España, así como para la asistencia técnica en procedimientos judiciales y/o arbitrales en los que sea parte la Administración General del Estado, por concurrir causa de resolución imputable a dicha mercantil, como adjudicataria del mismo, consistente en los reiterados incumplimientos del contrato en que ha incurrido”.

Aunque el IDAE no ha dado a conocer las verdaderas causas del incumplimiento, el hecho de que el Ministerio de Industria haya roto el contrato por continuo incumplimiento del mismo con Boston Consulting, deja a esta a los pies de los caballos.

Fuentes jurídicas han explicado a El Periódico de la Energía que la consultora podría dejar de ser contratada por el sector público español. Un duro castigo si finalmente se lleva a cabo. Pero así lo dice el artículo 60.2.a de la Ley de Contratación del Sector Público

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes:

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública.

Pero Boston Consulting Group podría encontrar una pequeña ventana en todo esto. Para ello tendría que acudir a los tribunales para defenderse de la resolución del contrato. Y ganarlo. De esa manera no entraría en la lista negra de empresas en situación de prohibición para contratar o con la clasificación suspendida.

A día de hoy se desconocen las verdaderas causas del incumplimiento. Tanto el ministro José Manuel Soria como el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han asegurado que Boston Consulting Group ha incumplido de forma reiterada el contrato. Pero nada más.

La consultora no ha dicho esta boca es mía. Silencio administrativo. Ha impuesto la ley del silencio sobre este polémico asunto. Se guarda la posibilidad de recurrir la decisión del IDAE. Y prefiere no entrar en desmentidos. 

La semana pasada se conoció que el secretario de Estado de Energía llamó al orden a las dos consultoras porque los informes iniciales no gustaron en el Ministerio. Los cálculos de las consultoras eran distintos a los que pretendía hacer Industria y que finalmente aprobó en junio del año pasado. Esa llamada al orden fue para que cambiaran los datos y se acercaran más a las cifras del propio Ministerio. 

Según publicó Vozpopuli.com, Roland Berger aceptó las nuevas condiciones por parte de Nadal mientras que Boston Consulting Group no entró al trapo y prefirió mantener los datos de su informe. 

Después, gracias a la insistencia del sector, de algunos partidos políticos, e incluso de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Industria dio a conocer tanto el informe de Roland Berger, fechado en octubre de 2014, cuatro meses después de publicarse el hachazo a las renovables, como la resolución del contrato de Boston Consulting Group, que lo hizo en febrero de este año, más de un año después de que la consultora fuera adjudicataria del contrato.

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