ACS ‘se va de rositas’ tras provocar cientos de seísmos con el almacén Castor y deja el muerto a los consumidores

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Almacén de gas Castor.
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Una de las preguntas clave en la presentación del informe del MIT y la Universidad de Harvard era saber si Escal UGS, filial de ACS, es responsable o no de los terremotos causados.

Desde el Gobierno se asegura que no se sabe quiénes son los responsables, y que eso lo tendrá que dirimir la justicia. El caso está en manos del Supremo.

El informe no ve negligencia por parte de la empresa y por tanto el Gobierno no va a emprender ninguna acción legal contra ACS, expropietaria del almacén de gas, ni le va a reclamar que devuelva la indemnización de 2.300 millones de euros que se le devolvió por una torpeza legislativa de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy.

Lo que hizo Escal UGS estaba dentro de lo que por aquellos momentos era normal, estaba dentro de los estándares, a pesar de saber que se estaba en una zona peligrosa geológicamente hablando.

Esos 2.300 millones de euros, cuestan a los consumidores de gas anualmente unos 95 millones de euros. Algo más de 15 millones por la hibernación, un proceso que dirige Enagás, y unos 80 millones como parte de la indemnización.

El Gobierno abonó los 2.300 millones a ACS por un proyecto que no debería haber costado tanto dinero. Según los primeros informes del proyectos, estaba estipulado que por unos 600 millones de euros iba a estar operativo.

Pero ya se sabe lo que sucede con las grandes obras faraónicas, que el sobrecoste se infla como la espuma hasta términos casi inalcanzables.

Ahora, los consumidores españoles, sin comerlo ni beberlo, pagarán durante décadas estos 95 millones anuales en la tarifa del gas, para abonar esta torpeza, y encima nos quedamos con el mastodonte de hierro ahí en el mar con el consecuente peligro de que se produzcan.

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