En 1983, el Gobierno de Felipe González decretó la paralización de las obras de cinco de los siete grupos de producción nuclear que en aquellos momentos estaban en construcción –los dos grupos de Lemóniz y de Valdecaballeros más el de Trillo II-. Ahora, más de tres décadas después los consumidores españoles terminan, por fin, de pagar la factura de la moratoria nuclear este mes de octubre: una compensación a las eléctricas por aquella decisión que ha alcanzado la nada despreciable cifra de 5.717 millones.
La llegada al Gobierno del Partido Socialista en 1982 tuvo una consecuencia inmediata sobre el ambicioso programa de energía nuclear iniciado por las eléctricas españolas en la década de los 70. Felipe González había prometido en su programa electoral “limitar” la energía atómica, y decidió imponer una moratoria sine die para los proyectos en marcha.
El parón del programa nuclear se incluyó en el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. El principal argumento del Gobierno fue que había que adecuar la construcción de nuevas plantas a una demanda que se había resentido tras la crisis del petróleo de los años 70. Fue, por tanto, la caída de la demanda y el incremento de los costes financieros de unos proyectos cuya construcción podía durar hasta una década, los que motivaron la llamada moratoria nuclear, que supuso la paralización de siete nucleares en marcha: los dos grupos de Lemóniz (en Vizcaya) y de Valdecaballeros (Badajoz), respectivamente, y el Trillo II (Guadalajara). Finalmente, se salvaron del cierre Trillo I y Vandellós II.
Un rescate financiero en toda regla que ha costado a los consumidores eléctricos 5.717,91 millones desde 1996, de los cuales, 1.334 millones corresponden a los intereses pagados por una deuda colocada entre los bancos. Aunque las eléctricas hablan de una compensación por los proyectos parados, el Gobierno la calificó de rescate. El que fuese ministro de Industria desde 1993, Juan Manuel Eguiagaray, recordó en su día cómo “el sector público hubo de rescatar financieramente a las eléctricas, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico derivado de una planificación delirante, en total contradicción con las necesidades de la demanda”.
Los costes de la paralización y el subsiguiente saneamiento financiero de las empresas han recaído en los consumidores durante largos años, mediante un recargo en el recibo de la luz, que ha llegado hasta nuestros días. En 2015 se han saldado en la factura los últimos 67,7 millones.
En un primer momento, se estableció un recargo para compensar las pérdidas derivadas de la moratoria, hasta que el siguiente PEN, el de 1991, la convirtió en obligatoria al apostar por la generación eléctrica con gas. En este plan se reconoció una compensación de 3.800 millones por los activos paralizados: a Iberduero -después Iberdrola-, por Lemóniz; a Sevillana de Electricidad -después filial de Endesa- por Valdecaballeros, y a Unión Fenosa, por Trillo).
Posteriormente, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen), de 1994, estableció que estas compañías serían compensadas con un recargo en la facturación por venta de energía a los consumidores, que se fijó en un máximo del 3,54% y por un plazo máximo de 25 años. Además, admitía la posibilidad de ceder el derecho de compensación a terceros de una deuda cifrada ya en 4.278,8 millones.
Una medida que se aplicó en 1996 a través del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, que este año se ha liquidado tras haber sido pagada la deuda con antelación. El fondo de titulización fue modificado en 2006 para aligerar la carga en la tarifa de una deuda ya muy reducida (el recargo bajó al 0,33%). Esta se liquida este año, tras haberse acelerado la amortización de los préstamos con los que se financió el rescate a las eléctricas, cinco años antes de lo previsto, en 2020.
Una buena noticia, sin duda, pero que deja un sabor agridulce. Como decía hace escasas fechas Jordi Dolader en su último artículo titulado El verdadero responsable del caótico mercado eléctrico, el problema no son las eléctricas, sino los políticos de turno -de uno u otro signo- que han instrumentalizado políticamente y con criterios ideológicos la factura de la luz, con intereses espúrios y un lamentable coste económico, que como siempre ha recaído injustamente sobre las espaldas -y la cartera- del sufrido consumidor.
Es cierto que se pone fin a la factura de la moratoria nuclear, pero a los consumidores les quedan por delante, al menos, otros quince años de calvario para tapar otros dos agujeros -el del déficit de tarifa y el de el almacén Cástor- que suman más de 40.000 millones. En ambos casos, como se hiciera con la moratoria nuclear, las compensaciones se han titulizado para indemnizar a unos y a otros, y su coste se ha vuelto a trasladar a la tarifa de la luz en el primer caso, y del gas en el segundo, para que el consumidor se haga cargo de ellas. ¿Hasta cuándo tendrán que seguir pagando los consumidores la indolencia de nuestros gestores políticos?
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