El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destinará a inversiones públicas en infraestructuras un total de 1.723 millones de euros para 2017, lo que representa un descenso del 8,1% respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado entregado al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Así, según el 'Libro Amarillo' presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el Gobierno destaca que ve la inversión pública en infraestructuras como "una prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio, y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas".
Este capítulo incluye inversiones en materia de agua, infraestructuras hidráulicas, incendios, ecosistemas, adaptación al cambio climático, protección de la costa, entre otras.
Así, 2017 es el segundo año consecutivo en el que descienden estas partidas ya que en 2016 este apartado obtuvo una asignación de 1.892 millones pero en 2015 la cifra fue de 105 millones de euros más (1.998,56 millones).
En materia de Medio Ambiente, a lo largo de 2017 se acometerá el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas, Plan Nacional de Reutilización de Aguas y Planes Hidrológicos de Demarcación.
Los créditos totales asignados a la política de Infraestructuras, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, ascienden a 5.392 millones de euros. De esta dotación, las inversiones suponen 2.698 millones de euros. El presupuesto apunta que si se tienen en cuenta las inversiones del sector público empresarial, en total las inversiones en infraestructuras alcanzarán este ejercicio los 7.480 millones de euros, de los que en torno a la mitad (3.626 millones) se los lleva el Ministerio de Fomento y otros 1.723 serán dispuestos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
De estos 1.723 millones, un total de 940 millones de euros serán inversiones. El resto se destinará a autopistas libres de peaje o con precio bonificado (132 millones de euros) y otros 30 millones al organismo autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
En lo que respecta a Medio Ambiente, las mayores inversiones corresponden a las hidrológicas ya que se prevé abordar el Pacto Nacional del Agua, que busca, según define el Ejecutivo en el Proyecto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, "garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional, asegurando a su vez una adecuada protección del medio ambiente".
Así, las prioridades en estas infraestructuras se abordarán mediante la satisfacción de las demandas no cubiertas y consolidación de las existentes en los sistemas actuales, conservación, mantenimiento y modernización de las infraestructuras existentes y gestión de sequías e inundaciones.
En materia de calidad de las aguas, de acuerdo con la explicación del presupuesto, los objetivos son mejorar el estado de la depuración de las aguas residuales, de la calidad de las masas de agua y de los ecosistemas asociados, mantener, conservar y proteger el patrimonio medioambiental y mejorar la gestión.
Para este capítulo el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina contará con 1.251 millones de euros en 2017 de los que 704 millones serán inversiones. Asimismo, las sociedades estatales de aguas prevén inversiones por 122 millones de euros.
Cerca de 60 millones para proteger el litoral
En concreto, el PGE de 2017 contempla un total de 57 millones de euros para infraestructuras costeas, que buscan compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica.
El objetivo de este capítulo es proteger y conservar el litoral español que según admite el proyecto de ley está "sometido a diversas presiones de las que se derivan problemas de regresión, erosión costera y pérdida de biodiversidad de los ecosistemas naturales y marinos".
Con este importe, 57 millones de euros, también se busca recuperar la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y disfrute por los ciudadanos, así como planificar, conservar, proteger y mejorar el medio marino para lograr o mantener su buen estado ambiental y asegurar la integridad del dominio público marítimo-terrestre, para conseguir la protección ambiental y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
Prevenir las contaminación y cambio climático: 155 millones de euros
Por otro lado, en el marco del programa de inversiones, el proyecto de presupuestos prevé destinar un total de 155 millones de euros en créditos para infraestructuras medioambientales tales como prevenir la contaminación y el cambio climático, así como proteger y mejorar el medio ambiente y el medio natural.
En este contexto, recuerda que recientemente se ha aprobado la Estrategia Europea de Adaptación al cambio climático y en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático busca integrar la adaptación del cambio climático en las políticas de los sectores sensibles y la coordinación de todas las Administraciones Públicas de forma que se eviten duplicidades.
En el ámbito de la protección y mejora del medio ambiente, el proyecto de Ley destaca también que en este ejercicio se incidirá en el desarrollo de la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental entre otras actuaciones.
Del mismo modo, también contempla la protección y mejora del medio natural, mediante la protección de ecosistemas forestales. Para ello, se incluirán actuaciones dirigidas a mitigar la desertificación, prevenir los incendios forestales y proteger los ecosistemas forestales frente plagas y enfermedades.
Por otro lado, en materia de infraestructuras de aguas, el PGE incluye también una partida dotacional de 8 millones de euros para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para compensar los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para abastecimiento de agua.
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