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Lo de regular el sector de las renovables en este país sin consultar a nadie y sin tener en cuenta las recomendaciones de los demás, sobre todo si proceden de la CNMC, parece que no van con los hermanos Nadal.

Si Alberto generó la mayor batalla legal contra un Gobierno español por el recorte a las renovables, su hermano Álvaro, actual ministro de Energía también quiere tener la suya propia. Si no, no se entiende cómo ha desoído en varias ocasiones a la CNMC para que cambie su metodología a la hora de retribuir a las renovables.

Y la batalla legal la tendrá el ministro porque todas las asociaciones del sector y muchas empresas van a recurrir la orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La causa no es otra que la estimación del Gobierno del precio de la electricidad para el año 2020 y en adelante. Energía ha colocado ese precio en 52 euros MWh, un precio totalmente irreal con los precios que marca el mercado de futuros que están más en la banda de los 41 y 42 euros.

Con esa estimación, la CNMC calculó que las renovables iban a dejar de percibir del orden de 200 millones anuales durante este segundo periodo de retribución (2017-2019). En total, unos 600 millones de desfase, que luego el Gobierno tendrá que compensar, tal y como ha sucedido en el anterior periodo (2014-2016).

El problema es que la compensación nunca llega a esa cifra. Y por tanto el Gobierno se asegura pagar de menos a las renovables. Las compensaciones del primer tramo fueron del 36% de lo que realmente dejaron de percibir y el agujero fue importante.

Por ejemplo, en los últimos tres años, las empresas eólicas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos de retribución por la desviación a la baja de la senda de precios prevista en la ley. La diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros de los que sólo vamos a recuperar el 36% (por los límites a las compensaciones que tantas veces hemos pedido que se eliminen).

A este problema añadido hay que sumarle que en 2020 el Gobierno puede cambiar ya no solo la metodología sino la rentabilidad razonable ahora en el 7,39%. Por tanto, la incertidumbre y la inseguridad jurídica seguirán reinando en el sector de las renovables. Al menos hasta 2020.

A todo esto, el Gobierno asegura que la nueva orden lo que hace es pagar 600 millones más en primas a las renovables cada año. Las diferencias son abismales entre unos y otros.

El sector además cree que con este tipo de decisiones lo que consigue es alejar a los inversores que quieran acudir a la próxima subasta de renovables.

En definitiva, se acerca una nueva batalla legal de las renovables con el Gobierno. Alberto tuvo la suya, y Álvaro no será menos. ¿Será igual de intensa?

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