Andalucía pide transparencia sobre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

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La presidenta andaluza, Susana Díaz. FOTO: EFE.
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La presidenta andaluza, Susana Díaz. FOTO: EFE.
La presidenta andaluza, Susana Díaz. FOTO: EFE.

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno de la nación una “mayor claridad y transparencia” sobre la finalidad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), al que las empresas comercializadoras de gas y electricidad realizan una contribución financiera por sus ventas anuales de energía.

Según un comunicado de la Consejería de Economía, los operadores de productores petrolíferos y de gas licuado del petróleo al por mayor realizan una contribución financiera por sus ventas anuales de energía, cuyo destino deben ser inversiones en eficiencia y ahorro que reduzcan el consumo energético en edificación, transporte, industria, servicios y sector agrícola.

La Junta también insta a que se “recupere” el diálogo y se vuelva a contar con las comunidades autónomas para la consecución de los objetivos de ahorro energético establecidos por la Comisión Europea para España, garantizando un “reparto equitativo y coherente” entre los territorios.

Así lo ha hecho saber en el documento remitido esta semana por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que la Junta ha planteado sus observaciones a través del correspondiente trámite de audiencia.

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, obliga en su artículo 7 a los estados miembros a un cumplimiento de ahorro energético mínimo durante el período 2014-2020.

Para cumplir con este objetivo de ahorro energético, el Gobierno de España elaboró la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, mediante el que se articula la creación de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética.

El espíritu de la ley

Dicho sistema asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo, una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada “obligaciones de ahorro”, con vigencia hasta 2020.

Estas obligaciones se traducen en que estas empresas, para alcanzar su objetivo de ahorro energético, deben contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera que se establezca, y/o realizar actuaciones directas de mejora de la eficiencia energética.

En Andalucía, esto se traduciría, según las primeras estimaciones, en que las comercializadoras que operan en la región deben contribuir, en lo que respecta a sus ventas en Andalucía, con 36,3 millones de euros y 46,1 ktep (tonelada equivalente de petróleo) a este Fondo.

La Junta solicita al Gobierno que se vincule claramente esta contribución con el cumplimiento del objetivo vinculante de ahorro de energía final a 2020 (15.979 ktep para toda España).

La Junta requiere que se indiquen cuáles son los criterios de distribución territorial de la aplicación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015, así como su impacto en términos energético y medioambiental, económico, territorial y sectorial.

Alega la Junta que si las ventas de energía de las empresas con obligación son el criterio para dotar económicamente el Fondo, el peso de las mismas en cada comunidad autónoma tendría que tenerse en cuenta en el reparto territorial, entre otros criterios, contribuyendo así una asignación equilibrada del Fondo.

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