La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha criticado que España entorpezca iniciativas sociales de producción de energía fotovoltaica o de autoconsumo y deje “en manos de grandes fondos internacionales” un activo como el sol.
Según esta asociación, la energía fotovoltaica se está dejando en manos de los fondos internacionales “como otrora quedó en manos de potencias extranjeras la riqueza mineral de nuestro subsuelo”.
La asociación está formada por 62.000 familias que invirtieron en parques fotovoltaicos sociales al amparo de normativas que en 2004 y 2007 incentivaron a pequeños inversores y que luego vieron recortados sus beneficios en 2010, con el gobierno del PSOE, y en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.
Anpier calcula que si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltáica, una suerte de cooperativas, muchos pueblos obtendrían beneficios millonarios.
Sobre todo en territorios como Andalucía (con 3.127 horas de sol al año); Castilla-La Mancha (con 3.114); Murcia (con 3.182) o Extremadura (con 3.106), muy superior a la media de otros países europeos, donde apenas registran 1.720 horas solares para la producción de energía.
Para difundir los beneficios que podría generar una generación social fotovoltaica han creado una aplicación en la web del Camino de Sol (www.caminodelsol.org).
En la campaña “Camino del Sol 2017” Anpier reclama al Gobierno un cambio normativo que evite que este sector se explote “en modo oligopolístico” y una compensación para las familias españolas “que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado y que luego sufrieron los recortes”.
Anpier recuerda que el Banco Mundial indicó que el marco regulatorio español en este campo es “insostenible”, en un laudo que condenó a pagar 128 millones de euros a la firma británica Eiser Infraestructure.