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Si ayer les contamos las irregularidades en la gestión de los cursos de formación para los prejubilados del carbón, este miércoles vamos a dar un segundo capítulo referido a los fallos en la adjudicación de los mismos, y el coladero que se convirtió el reparto de algunas ayudas y becas a los extrabajadores de las minas en España.

El Tribunal de Cuentas señala que la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, perteneciente al Ministerio de Industria por aquel entonces, ejecutó de forma irregular las ayudas y becas que formalizó durante el ejercicio de 2010, aunque destaca que éste era un problema que ya se daba al menos desde 2002 y que no corrigieron cuando se hizo esa auditoría.

Vaya por delante que las fundaciones estatales están sujetas a los principios de gestión de ayudas públicas recogidos en el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones (igualdad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia) y al principio de información contenido en el artículo 20.

Además, según las bases de las distintas convocatorias de becas, el incumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios permitiría a la Fundación “reservarse el derecho a proceder como estime oportuno, incluso exigiendo la devolución de las cantidades recibidas”, cláusula que se separaba del principio de transparencia recogido en el artículo 8.3 de la LGS.

A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas señala que la Fundación seleccionó como adjudicatarias cinco propuestas calificadas como de temáticas peculiares o de promoción de la participación de los actores sociales relevantes en la zona, excluidas previamente en virtud de la puntuación obtenida. Esta actuación, si bien estaba limitada por la propia convocatoria a un máximo del 10% de las solicitudes susceptibles de adjudicación, se apartó de los principios de objetividad e igualdad establecidos en el artículo 8.3 de la LGS.

También cabe señalar que las solicitudes de ayudas recibían puntuación, entre otros factores, por la valoración de la calidad de la propuesta, criterio que, si bien era de los de menor ponderación, presentaba contenido subjetivo dado su escaso desarrollo en la normativa aprobada por la Fundación.

La Fundación del Carbón “no ha aportado la documentación necesaria para poder contrastar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”, reza el dictamen del Tribunal de Cuentas.

Solo en el ejercicio de 2010 estas fueron las irregularidades a la hora de adjudicar las becas y ayudas a la formación de los mineros:

– En lo referente a las becas, se han detectado errores en la evaluación de algunos expedientes en los que debía aportarse certificado de los complementos exentos de tributación percibidos por los prejubilados en el régimen de la minería del carbón para obtener puntuación por su renta, por lo que, con una adecuada valoración, al menos siete personas hubieran resultado adjudicatarias.

– Como condición de admisibilidad de las ayudas FORMIC se estableció la necesidad de respetar las características recogidas para las acciones en las bases, entre las que figuraba que los cursos tuvieran un mínimo de 200 horas, con módulos con contenido práctico en un porcentaje superior al 60% de las horas totales, sin que la Fundación tuviera en cuenta el incumplimiento de esta proporción en tres ayudas que habían recibido 144.725 euros hasta el momento de redacción de este Informe. Es decir, algunos mineros no acudían a los cursos pero se llevaron miles de euros para su casa.

-En las normas remitidas por la Fundación a los beneficiarios de las ayudas FORMIC para la ejecución de los proyectos, se indicaba que procedería su reintegro total o parcial en el caso de subcontratación de la ejecución de los cursos con un tercero. En este sentido, se apreció la existencia de subcontratación en nueve expedientes , que habían recibido 782.784 euros hasta el momento de redacción de este Informe, con un porcentaje de la actividad ejecutada por terceros superior al 62%.

Además, según el procedimiento de la Fundación, acreditado el incumplimiento de las condiciones exigidas en las ayudas FORMIC y sin producirse la devolución por parte del beneficiario, se procedería a la reclamación judicial correspondiente, circunstancia que no fue documentada para cuatro de los seis expedientes en que se declaró dicha situación durante el año 2010 y cuyas ayudas ascendían a 164.828 euros.

En definitiva, se hacían trampas y encima la Fundación miraba para otro lado con el dinero de todos.

A lo mejor pueden ser pocos casos, pero los suficientes como para tenerlo en cuenta y que se hubiesen hecho las cosas mejor. Estos datos son solo los referidos a 2010, la Fundación se creó en 1998 con Aznar y se cerró en 2013 con Rodríguez Zapatero, cuando se acabó el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012. Quince años en los que hubo descontrol por parte del Gobierno a la hora de dar las ayudas a los prejubilados del carbón.

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