Avalancha de pleitos contra el Gobierno por el último decreto de renovables

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Los productores fotovoltaicos , asfixiados por la compeljidad regulatoria, según Anpier.
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Planta fotovoltaica. FOTO: Acciona
Planta fotovoltaica. FOTO: Acciona

El último decreto sobre las renovables, cogeneración y residuos ha dejado esta semana un goteo constante de recursos ante el Tribunal Supremo. A los ya conocidos de Iberdrola, publicado en exclusiva por este diario, y los de Enel Green Power, Fudepor y Energyworks, se une un recurso interpuesto por 166 personas físicas, todos productores de energías renovables, que quieren tumbar como sea el último decreto del Gobierno.

Este grupo de inversores se ha visto “defraudado y estafado por el Gobierno”, según cuenta uno de ellos. Esto ha hecho que se movilice rápido. Tanto que sólo tardaron un día en interponer el recurso. “Queremos ser uno de los primeros que nos escuche el Supremo, así conseguimos que el caso se revise bajo el derecho europeo, y no bajo las leyes españolas”, aclara el abogado Daniel Pérez, socio del bufete Holtrop, uno de los más especializados en materia de renovables.

Anulación

Estos 166 productores tienen el objetivo de derogar el decreto. “Vamos a pedir la anulación. Queremos que las liquidaciones se realicen bajo el decreto 661”, explica Pérez. Es decir, que se continúe como hasta el pasado 6 de junio, día que se publicó la norma en cuestión.

El bufete Holtrop está preparando aumentar este recurso. Para ello, ultima con más de 1.000 empresas los flecos de un nuevo recurso, “que se acumularía al de estos 166 productores”. “Está previsto que en septiembre lo presentemos”, dice Pérez. Según el abogado de Holtrop, esta maniobra asegura a las empresas que el Supremo tenga en cuenta para ellas lo mismo que para los pequeños inversores, que el proceso se estudie bajo la legislación europea.

Expertos jurídicos aseguran a este diario que sólo en derecho europeo podría haber una oportunidad para los inversores en renovables, ya que como sucedió con el Decreto de 2010 los recursos no prosperaron porque fueron bajo regulación española. Por ejemplo, los recursos ante el Constitucional de varias comunidades autónomas se vieron revocados por cuestiones de interés general que primaban sobre el interés de los afectados.

Más recursos

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que lleva los asuntos de contencioso administrativo, podría inundarse de recursos. Todas las grandes asociaciones del sector, APPA, Unef, AEE, Anpier, etc, están estudiando las distintas vías judiciales. Por ejemplo APPA y Unef han asegurado que van a elevar recursos en todos los estamentos jurídicos posibles con tal de intentar derogar esta norma.

En el momento que estas asociaciones decidan acudir al Supremo u otras instancias, ya sea Bruselas o incluso alguna Corte de Arbitraje, se contarán por miles las denuncias contra el Gobierno. La avalancha de pleitos se ha puesto en marcha, ¿hasta dónde llegará?

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