El Gobierno eligió el Día Mundial del Medio Ambiente para volver a presentar un borrador de Real Decreto de autoconsumo, casi dos años después del primer intento. El borrador mantiene varias de las ilegalidades del anterior, y añade algunas nuevas, todas ellas tendentes a desincentivar la práctica del autoconsumo en uno de los países con mayor radiación solar de Europa.
Un último servicio al oligopolio eléctrico
El autoconsumo permite reducir la dependencia energética y el impacto ambiental de la generación de energía eléctrica, incrementa la eficiencia al reducir las pérdidas de energía, fomenta la economía local y es una importante fuente potencial de creación de empleo. No obstante, el Gobierno, claramente posicionado del lado de las grandes eléctricas en este debate, concibe el autoconsumo únicamente como un problema. ¿Para quién? Pues para quien basa su negocio en un modelo que maximiza beneficios con el incremento del consumo eléctrico. El borrador está lleno de ejemplos que demuestran esta visión.
Uno que es especialmente sangrante es el de crear la categoría de “suministro o producción con autoconsumo”, la cual queda excluida de poder beneficiarse de cualquier tarifa regulada, como el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor o el bono social (artículos 8.2 y 15.3). Es decir, quien quiera autoconsumir, queda excluido de las supuestas bondades de la nueva tarificación eléctrica presentada por el Gobierno recientemente. Además, se logra prohibir el autoconsumo como elemento de lucha contra la pobreza energética, y de paso las comercializadoras de referencia (en su mayoría, las empresas de UNESA) quedan liberadas de tener que suministrar a consumidores “poco rentables”.
Otro es la regulación de las instalaciones de inyección cero o sin vertido a red (artículos 6 y 12), a las que el borrador obliga a ser tramitadas por el complejo procedimiento del Real Decreto 1699/2011, en lugar de por el procedimiento simplificado del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Cabe preguntarse, ¿para qué necesita una autorización de la compañía distribuidora una instalación que nunca verterá energía en dicha red de distribución? No hay otra explicación que la de que la distribuidora pueda cobrar por dar esa autorización y hacer el procedimiento de tramitación de instalaciones de autoconsumo más largo y costoso.
Y por supuesto, no podemos olvidar el peaje de respaldo, ahora llamado “carga variable transitoria”, que pretende gravar al autoconsumidor por la energía autoconsumida. En este nuevo borrador, el Gobierno exime del pago del peaje de acceso a la energía autoconsumida, pero mantiene la obligación de pagar por los cargos del sistema y los servicios de ajuste. Ese peaje, carga o como quieran llamarlo, tiene una doble finalidad. Por un lado, desincentivar económicamente la práctica del autoconsumo, para que el mayor número posible de consumidores sigan consumiendo de la red, y por otro, garantizar unos ingresos estables al sistema eléctrico. En relación con esto último, hay que recordar que se ha exagerado interesadamente el supuesto impacto negativo del autoconsumo sobre los ingresos del sistema. Según los cálculos de UNEF, por cada 200 MW de autoconsumo (en 2014 se instalaron un máximo de 22 MW), se reducirían los ingresos en tan solo 21 millones de euros, un 0,05% de los costes totales del sistema.
Un último servicio abocado al fracaso
Ahora el Borrador está siendo sometido al trámite de audiencia pública, que durará quince días a contar a partir del 7 de junio, día después de la publicación en el BOE de la Resolución del Secretario de Estado en la que se inicia la audiencia. Cualquier interesado puede enviar sus comentarios a la dirección sgeelectrica@minetur.es. Cuantos más sean, más se retrasará la tramitación. Después la CNMC emitirá su Informe preceptivo y no vinculante y el borrador será enviado al Consejo de Estado, quien también tiene que emitir su Dictamen, otorgando un nuevo plazo de alegaciones a los interesados. Además, se requieren otros informes, como el de la Secretaría General Técnica.
Si tenemos en cuenta que los días del actual Gobierno están contados, que habrá elecciones en noviembre y que está el verano de por medio, tengo serias dudas sobre si les dará tiempo a aprobar el Real Decreto. Y en todo caso, incluso si fuera aprobado, parece que será una norma de corta vida, pues en su actual redacción, difícilmente superará los filtros judiciales nacionales y europeos, y tampoco parece imaginable que cualquier otro partido político lo mantuviera en caso de acceder al Gobierno. Ni siquiera está claro que llegue a vivir (en caso de que nazca) los seis meses que dura el periodo transitorio previsto para que las instalaciones existentes se adapten al nuevo sistema (Disposición Transitoria 3ª). Como mucho, lograrán espantar a los potenciales autoconsumidores durante unos meses con la amenaza del borrador.
Pero es que además, incluso en el poco probable supuesto de que el PP volviera a ganar las elecciones generales por mayoría absoluta y aprobara y mantuviera el borrador, siempre quedaría la solución de desconectarse de la red. Desde el punto de vista del interés general, sería mucho mejor usar la red como almacén de energía, pero si la normativa acorrala a los autoconsumidores, no quedará otra solución que la desconexión de la red y el uso de baterías, una tecnología que mejora y se abarata a gran velocidad.
En definitiva, lo han intentado, pero no les ha salido. El autoconsumo es imparable. Si las posibilidades de Soria-Nadal de sentarse en el Consejo de Administración de una gran eléctrica a partir de noviembre dependieran de la regulación del autoconsumo, me temo que su candidatura será, a pesar de todos los servicios realizados, rechazada.
Daniel Pérez, socio de HOLTROP SLP, Transaction & Business Law
@danielperezr87
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