Bruselas avala que los estados compensen a las eléctricas por mantener sus plantas nucleares

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Central nuclear de Doel 1 en Bélgica.
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La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a los planes de Bélgica para compensar económicamente a dos compañías eléctricas de este país, Engie-Electrabel y EDF, por los posibles riesgos a largo plazo de prolongar una década la vida de tres centrales nucleares, informó la CE en un comunicado.

Pese a que el Ejecutivo comunitario considera que la ayuda del Gobierno belga a ambas compañías les da una ventaja económica sobre otras empresas del mercado eléctrico nacional, la CE ha concluido que los compromisos adquiridos por Engie-Electrabel sitúan el acuerdo en línea con las normas de competencia europeas.

En 2015 y 2016 Engie-Electrabel y EDF se comprometieron a realizar una inversión de 1.300 millones de euros en las plantas de Tihange 1, Doel 1 y Doel 2, de las que son propietarias, a cambio de una autorización del Gobierno para mantener su actividad durante diez años más.

Los acuerdos entre las compañías y el Gobierno belga prevén que Engie-Electrabel y EDF recibirán una compensación económica en el caso de que Bélgica decida, por ejemplo, cerrar estas plantas nucleares antes de que pasen diez años o cambiar los impuestos que deben pagar sus propietarios.

Según el Ejecutivo belga, “la energía nuclear requiere un compromiso a largo plazo”, por lo que eran necesarias garantías para asegurar la inversión de Engie-Electrabel y EDF.

Para obtener la luz verde por parte de Competencia, Engie-Electrabel se comprometió a vender en los mercados regulados de electricidad un volumen equivalente a su parte de la producción anual de estas tres centrales nucleares.

Esta operación asegurará, según la CE, liquidez en los mercados de electricidad belgas y ayudará a aumentar la competitividad entre los proveedores de este sector.

La normativa europea permite que los Estados miembros determinen su combinación de fuentes energéticas y que puedan invertir en energía nuclear, en tanto que recae en la CE la responsabilidad de asegurar que las ayudas estatales no entren en contradicción con la legislación de competencia en el mercado único.

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