España no ha salido bien parada del informe preliminar que ha realizado la Comisión Europea sobre los mecanismos de capacidad, conocidos en España como pagos por capacidad.
Este tipo de mecanismos, que al fin y al cabo son ayudas a las compañías eléctricas, se realizan para obtener una mayor seguridad en el suministro eléctrico. Bruselas decidió abrir una investigación en todos los países donde se llevan a cabo estas prácticas porque notaba que se estaba distorsionando el mercado eléctrico.
Tras varios meses de investigación, Bruselas ha llegado a la conclusión de que existen muchas deficiencias en el mercado eléctrico de estos países. Uno de ellos, es España, que por cierto, no sale muy bien parado en el informe.
Se podría decir que España es el ejemplo más claro de lo que no quiere la Comisión Europea.
Por ejemplo, en el caso de España y otros países como Alemania o Italia, la Comisión ha constatado unos mecanismos en el que el precio por el suministro eléctrico no es determinado a través de un proceso competitivo, sino que se establece por el propio Estado o es negociado bilateralmente con el proveedor eléctrico.
“Esto crea un riesgo de que se pague de más, de modo que se está subvencionando al proveedor”, avisa la Comisión.
El informe señala a España como el país de la Unión Europea con más mecanismos de capacidad en el sector eléctrico, además de tenerlos casi desde hace 20 años.
Bruselas ha puesto el dedo en la llaga. El informe muestra como todo el parque de generación eléctrico español ha recibido ayudas desde que se liberalizó el mercado. Aparte de los CTC, Bruselas asegura que España ha tenido cuatro mecanismos de capacidad aprobados desde 1997.
Casi veinte años que han creado una distorsión en el mercado difícil de controlar. Al final, España ha convertido los pagos por capacidad en ayudas"para compensar las fuentes de capacidad que inicialmente se dejaron fuera". Es decir, ex CTCs.
Y claro se produce, lo que denomina Bruselas, un efecto de bola de nieve. Si le doy ayudas a una central, se la tengo que dar a la otra, y así a todo el parque.
El informe preliminar de Bruselas es tan contundente que podría llevar a la dirección de Competencia a tomar alguna medida contra España por los abusos de los mecanismos de capacidad.
Estas medidas podrían afectar directamente al bolsillo de las grandes compañías eléctricas, ya que podrían verse en la encrucijada de tener que devolver parte de las ayudas recibidas.
El informe no habla de cifras pero sí de cuáles han sido los mecanismos de capacidad instalados en España, y que afectan directamente a todo el parque de generación.
Así, España cuenta con tres planes de pago de capacidades específicas:
- un régimen de "incentivo a la inversión 'desde 1997 para la nueva nuclear, gas, carbón, hidráulica, y plantas diésel.
- Un régimen de "incentivos por disponibilidad'desde 1997 para los nuevos y existentes activos de gas, carbón, petróleo e hidroeléctrica con almacenaje; y
- un régimen de "incentivo ambiental" desde el año 2007 para las centrales de carbón instaladas con filtros de dióxido de azufre. Además, entre 2010 y 2014, España ha operado también 'un mecanismo de restricciones de garantía de la oferta' que apoyó la producción de carbón nacional, proporcionando a las centrales térmicas ayudas por la quema de carbón nacional . Asimismo, el informe señala que España está detrás de desarrollar un nuevo régimen de ayudas para las plantas que queman carbón autóctono. Algo que con el informe en la mano es difícil de comprender que se apruebe desde Bruselas.
Aparte, España desde 2007 tiene el sistema de interrumpibilidad, aquel por el que paga a la gran industria unas ayudas por si hiciera falta que tuvieran que cortarles el suministro eléctrico en caso de un fuerte e inesperado incremento de la demanda.
En definitiva, España sale muy mal parada del informe, y se prevé un examen exhaustivo de las ayudas percibidas en el mercado eléctrico. Abróchense los cinturones que vienen curvas.
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