Las reacciones ante el cambio climático me recuerdan, de forma recurrente, un chiste que presenta a una pareja que acude al especialista para que diagnostique la extraña enfermedad del marido.
El doctor, luego de la sesión clínica, pide a la esposa que se quede un momento, y le comunica que su esposo tiene una depresión grave, y que la cooperación de la mujer es sustancial: “Debe cambiar su actitud frente a su esposo. Él está convencido de que no le quiere. Trátelo con máximo cariño, evítele disgustos y contratiempos. Obséquiele con lo que más le agrade, ofrézcale cariño, diversión, amor. Cumpla mis indicaciones, tome las pastillas que le receté y su esposo se curará. Si no lo hace, su esposo empeorará y es posible que fallezca en poco tiempo”.
De vuelta a casa en el coche, el paciente se interesa por saber lo que el médico había dicho a su pareja:” Lo siento, querido. Lo tuyo no tiene remedio y te vas a morir pronto”, fue la escueta respuesta.
París bien hubiera valido un Acuerdo formal
Las conclusiones de la COP 21, (Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas), que reunió en París a representantes de 195 países, fueron difundidas con oficial optimismo. En la facción crítica, abundan quienes expresaron que el éxito del encuentro, reforzado con la difusión de genéricas declaraciones y apoyo y compromiso, y expresivas fotografías de los líderes mundiales dándose abrazos y apretones de mano, descansó más en el intenso trabajo previo, que consolidó una agenda muy mediática, que en el acuerdo mismo.
Como es sabido, el consenso alcanzado, que consta de 12 páginas, parte de una premisa bastante pesimista: hay que estar preparados para un mundo más cálido. A partir de ella, se efectúa una expresión de voluntades.
El objetivo nuclear, controlar el aumento de temperatura media de la superficie terrestre por debajo de 2ºC en el año 2100, tomando como referencia la medida en la época preindustrial (registros entre 1850-1900), plantea problemas muy serios. El escaso tiempo transcurrido desvela ya algunas de las tremendas dificultades prácticas que deberán superarse.
Voluntarismo como motor de eficacia
El acuerdo admite como principio que las actuaciones de reducción de emisiones son imprescindibles a escala global y que, si se realizan de forma coordinada, todos resultaríamos ganadores. Por ello, y como posición realmente novedosa en el derecho internacional, no se prevén sanciones por incumplimiento, prescindiendo de la creación de un órgano jurisdiccional supraestatal, que se suplirá con otros medios de control.
El relato de los hechos está ya abierto. Según las predicciones del IPCC, el límite de emisiones debería situarse en 44 GT. Aunque la cifra cambiará en positivo, en el momento del inicio solemne de la firma de las adhesiones, el 22 de abril de 2016, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con los compromisos anunciados, las emisiones subirían a 57 GT y se superarían, por tanto, los 3ºC de incremento de temperatura. Una situación inaceptable, porque los riesgos derivados alcanzarían niveles incontrolables y, en muchas zonas, catastróficos.
Se confía. sin embargo, en que los mecanismos de auto-sometimiento funcionen, y que el control se vea reforzado por la supervisión de agentes que detentan variados intereses, ya sean éstos económicos, ambientales o sociales: aseguradoras de riesgos, inversores y entidades financiadoras, empresas constructoras, organizaciones concienciadas con el cambio climático global, etc.
Un aspecto esperanzador del acuerdo de París es que cuenta con una ventaja formal previa, puesto que, a diferencia del de Kioto, que solo involucró la participación de países que generaban el 10% de las emisiones de gases con efecto invernadero, éste incorpora a todos los países industrializados y, además, a China e India.
Pero no se trata solo de expresar voluntades, sino de poner a disposición recursos. Para satisfacer el objetivo, los países más desarrollados se han comprometido a una inmensa movilización económica: 100.000 millones de dólares/año, que se deberán canalizar a partir de 2020. Se impulsará así una economía colaborativa que permitirá a los menos desarrollados, utilizando inversiones y tecnología en gran medida ajenas, dotar a su crecimiento de un carácter menos contaminante, más respetuoso con el entorno.
Diversas entidades han venido realizando estimaciones acerca de las inversiones que serían necesarias para paliar el cambio climático global. El IPCC, indicaba en su último informe que deberían invertirse unos 400.000 millones de euros. La Universidad de Cambridge, a través de su departamento dedicado a la Sustentabilidad, analizando las conclusiones del Quinto Informe de Evaluación del Panel, aventuraba que, para conseguir mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados, se precisaría una inversión adicional entre 190 y 900 millones de dólares hasta el año 2050, para corregir los efectos catastróficos del cambio en las regiones y zonas afectadas.
Las inversiones han de ser rentables
Independientemente de la coherencia y fiabilidad de las cifras, los recursos deben provenir de alguna fuente y quienes los aporten desearán obtenerles rentabilidad suficiente. La experiencia previa de algunos países arroja claroscuros sobre esa dinámica. En España tenemos dolorosos ejemplos de las consecuencias de lanzar a la iniciativa privada a inversiones en un marco regulatorio inestable.
Entre las experiencias ajenas, la de Alemania resulta, como en otros ámbitos, significativa. Ya en 2010 se dedicaron allí casi 40.000 mill. de euros a implementar y mejorar la eficiencia de las energías renovables y a medidas de protección contra los efectos del cambio de clima. La mayoría de las inversiones provenían del capital privado, por lo que su recuperación ha implicado no solo un cambio en los modelos de gestión, sino en la evaluación social y política de las medidas, apoyados en una alta seguridad jurídica y en la transparencia de la actuación de los competidores y del resto de los agentes socioeconómicos.
A las dificultades propias del esquema -la inexistencia de cuotas distribuidas por país-, hay que añadir el preponderante papel del contexto económico, que ha variado. Kioto se desarrolló en un ciclo expansivo, y tanto los firmantes del protocolo, como los que se abstuvieron, pudieron ampliar la apuesta por las energías renovables. La recesión, por el contrario, dificultará las inversiones. El desarrollo de una economía verde, con rentabilidades menos acreditadas, supone desarrollar y aplicar tecnologías más eficientes que las anteriores, reducir costes con mayor empleo de la automatización y aprovechar las ventajas comparativas con una visión global. Todo ello implicará también una profunda modificación del mercado laboral, no solo en las cualificaciones requeridas, sino también en el reparto del empleo y en la remuneración de los trabajos.
Las agencias de aseguramiento de las operaciones jugarán, por ello, un papel importante, puesto que, al realizarse aquellas con plazos de recuperación largos, se precisará un marco con condiciones de contorno fiables, y la correcta valoración de los riesgos es sustancial para que la iniciativa privada tome sus decisiones. Los baremos utilizados actualmente por las agencias de crédito no son actualmente comparables, y conducen a conclusiones dispares. El recelo y contención a la hora de suscribir pólizas de garantía, ante riesgos desconocidos y la falta de información, es comprensible. La Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) defiende, por ello, la opción de un Centro consorciado de Compensación global de seguros.
Entre las medidas de estímulo que se proponen figura la promulgación de Leyes fiscales uniformes que aseguren un mejor tratamiento a todas las inversiones ambientales. Otra sugerencia a analizar sería vincular la remuneración de los directivos empresariales al éxito obtenido con las medidas ambientales, trascendiendo el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, actuaciones que, por cierto, carecen de reflejo en las valoraciones de los activos bursátiles hasta el momento. El Ecological Institut, y la Universidad de Frankfurt para Ciencias Aplicadas, han emitido estudios que profundizan en esta necesidad.
La Unión Europea quiere mantenerse en el uso de la palabra
La Unión Europea no quiere abandonar su liderazgo, a pesar de que su contribución a las emisiones totales se ha visto proporcionalmente reducida por el aumento de las de países emergentes. Un camino que ofrece logros, pero no está carente de dificultades.
Según los últimos datos, las emisiones de gases con efecto invernadero de las instalaciones que participan en el sistema de comercio de emisiones (ETS) en la UE -más de 11.000 plantas de producción energética, inventariadas en los 28 estados miembros, además de Islandia, Noruega y Liechtenstein, y a las que se han añadido en 2014, los datos de las aerolíneas que vuelan entre aeropuertos europeos-, ha disminuido solo un 0,4%.
Las emisiones verificadas alcanzan 1.800 Mill. T de emisión de carbono equivalente. El sistema ETS arrastraba, sin embargo, algunas deficiencias prácticas que empañaron su gran valor conceptual. Generó en 2009 un exceso de permisos de emisión que obligó a retirar temporalmente del mercado, por acuerdo del Consejo de Ministros de 2014, 900 Mill. T de las emisiones teóricamente admitidas (procedimiento denominado de backloading en la terminología comunitaria).
Estos Permisos certificados de reducción de emisiones (CERs) son créditos concedidos por un Comité ejecutivo nacido de Kioto, para administrar el CDM (Clean Developed Mechanism). Las industrias controladas en el programa ETS pueden utilizar estos créditos para compensar parcialmente sus obligaciones en relación con la reducción de gases efecto invernadero.
Los proyectos beneficiarios están muy localizados. La inmensa mayoría (más del 75%) de las reducciones de emisión certificadas corresponden a proyectos en China. Aunque la cumbre de Doha alargó el plazo de expiración del acuerdo de Kioto hasta 2020, desde el 1 de abril de 2015 los créditos dimanantes de reducciones correspondientes al primer acuerdo del protocolo, no pueden ya ser canjeados por ETS.
En lo que respecta a otro mecanismo nacido de Kioto, que contabiliza las unidades de reducción de emisiones (URES), que suponen la reducción de 1 T de CO2e con relación a un escenario normal, dentro de un mecanismo similar, llamado de Iniciativa Conjunta (IC), para transferencia de tecnología entre los países desarrollados y los designados en el Anexo, en su mayoría pertenecientes al bloque del este, el 77% se han concentrado en Ucrania.
Recientemente, la Comisión, como parte del Programa Marco 2030 para políticas de clima y energía, y dentro del objetivo de cumplimiento de la propuesta de reducción del 40% de la producción de gases con efecto invernadero (GHG) para 2030, excluye los créditos internacionales, lo que reduce la cobertura que proporcionaban los ETS.
España: Emisiones registradas en un contexto dinámico
En España, el último informe de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, sobre la aplicación del comercio de derechos de emisión (Ley 1/2005, en cumplimiento del art. 21 de la Directiva 2003/87/CE), que recoge datos hasta mayo de 2016, mantiene el desglose por sectores (a salvo de los que emitan menos de 1 millón de t, a los que agrupa).
Según ese Informe, en 2015 se llevaron a cabo 151 subastas de derechos, siendo el precio medio alcanzado 7,61 euros/derecho con un ingreso total de 490 millones de euros.
Las emisiones totales registradas supusieron un aumento del 10% respecto a 2014. En el sector de generación eléctrica, el crecimiento fue de 17,6%, siendo del 21,1% el de las centrales térmicas de carbón. El sector eléctrico resulta deficitario en casi el 100% en derechos de emisión (ya que desde enero de 2013 no recibe asignaciones gratuitas). El Informe recalca, por ello, que la existencia de instalaciones de cogeneración es determinante para las compensaciones, alcanzando, en todo caso, el déficit total de asignación del 51%.
Por el contrario, los sectores industriales solo aumentaron sus emisiones el 3,5%, y puesto que el aumento experimentado en el sector del arrabio y del acero fue del 15,5%, se puede deducir la debilidad en la actividad de las empresas que potencialmente serían capaces de aportar mayor valor añadido, afectadas por las crisis.
Considero también interesante referirme al Informe del JRC, Peseta II, “Climate Impacts in Europe, Project 2014”, porque da algunas ideas sobre el trabajo a realizar si se quiere obtener información bastante para adoptar correctamente las decisiones. Se propone en él, la necesidad de investigación adicional de varias áreas de afectación, profundizando en los análisis, aumentando las series conocidas que caracterizan los posibles impactos, con especial atención a la relación de situaciones extremas climáticas sobre la salud los ecosistemas y las migraciones, si se superaran los puntos de inflexión.
Advierte el Informe que muchas de las decisiones de inversión en infraestructuras, al depender de horizontes a largo plazo, se deben referenciar a economías adaptativas, que mejorar la resiliencia del sistema económica, debido a los márgenes estrechos entre coste y beneficio. También aparece necesario integrar el impacto climático en marcos consistentes que relacionen la disponibilidad de agua y el uso de la tierra. No en vano, indica el JRC, las conclusiones se han extraído en un contexto estático, y, como los agentes mundiales pueden cambiar sus perspectivas, lo modelos deben incorporar ese dinamismo.
Alemania como banco de pruebas
Un ejemplo que puede servir de atención acerca de las tensiones venideras en cuanto al cumplimiento de los deseos de Paris, lo ofrece Alemania. A primeros de julio de 2016, en Berlín, el Gabinete ratificó el acuerdo de París, pero al mismo tiempo el Consejo Económico (Wirtschaftsausschuss) apoyó la enmienda de la Ley para Energías Renovables, en lo que se interpretó como una contradicción frontal.
La nueva Ley reduce el apoyo a la incorporación de las energías renovables a los sectores de transporte y edificación, eliminando la reducción del 40% para gases efecto invernadero que estaba prevista para 2030, y comprometiendo con ello la posibilidad de cumplimiento del acuerdo de París.
La situación ha generado profundo malestar en las organizaciones ambientalistas. La Asociación de Defensores de las Renovables, cuyo exponente principal es la DUH, expresó que la enmienda generará incredulidad internacional, comprometiendo el liderazgo industrial y la pretensión de ejemplaridad como protector del clima de los que disfruta Alemania, país con importantes recursos e intereses industriales foráneos.
La Ley de Energías Renovables fija una participación máxima del 40-45% en renovables hasta 2025, revisando de acuerdo con ese objetivo la potencia de las instalaciones, por lo que, aunque aumentara la necesidad energética, como se prevé, en sectores como transporte y edificación, no se podrá acudir a aumentar el parque de energía verde, por lo que se ha interpretado que se está coartando la iniciativa privada. También se limita la construcción de aerogeneradores allí donde no alcance la red existente, dificultando, lo que se conseguiría con una regulación dinámica, la opción de dar servicio a mayor número de instalaciones con menores recursos.
Se está propiciando, pues, una creciente expectativa respecto a la cumbre de Hamburgo G20 en 2017, en la que se deberán aclarar múltiples aspectos de la aplicación de la iniciativa parisina, de la que se están poniendo de manifiesto algunas fragilidades. Un punto a debatir es que el borrador del Ministerio de Economía del Plan de Protección climática de horizonte 2020 se considera deficiente, pues no fija objetivos individuales por sectores (energía, industria, transporte, agricultura), ni renuncia a la participación del carbón, y omite medidas de apoyo expreso a aquellos países, como la India o Marruecos, que deberían ser motivados a la inversión en energía renovable en detrimento de la explotación de sus recursos fósiles.
El mundo se juega tanto, que no cabe en este caso, apelar al “wait and see”. Hay que superar el clima caliente de los intereses particulares ante una amenaza global tan evidente como aparatosa.
Ángel Manuel Arias es Dr. Ingeniero de Minas y Abogado
Ángel Arias
07/10/2016