Los fotovoltaicos reclaman en el TS responsabilidad patrimonial del Estado por el recorte a las renovables

Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos han presentado ante el Tribunal Supremo reclamaciones patrimoniales por el perjuicio económico sufrido con la entrada en vigor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el periodo en el que José Manuel Soria ejercía como ministro de Industria.

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law, que aglutinan a cerca de 6.000 pequeños reclamantes productores de energía fotovoltaica, han presentado en la mañana de este martes otros tantos recursos ante el Alto Tribunal, dando así continuidad a la reclamación previa realizada el verano pasado ante el Consejo de Ministros, que no se pronunció ante las reclamaciones de los pequeños productores.

Hace tan solo unas semanas, el Alto Tribunal, en el recurso interpuesto por (Anpier) contra dicha reforma, recordaba que con independencia de la constitucionalidad o no de la norma, lo que resultaba incuestionable era la posible reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

El Tribunal Supremo avaló por cuatro votos contra tres la legalidad de la norma que rebajó la retribución de las plantas fotovoltaicas hasta en un 50% -con la posibilidad de ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional-, pero dejó abierta la vía para los que se sintiesen perjudicados pudiesen iniciar este camino.

Básicamente se corresponde con el camino seguido por fondos de inversión internacionales contra el Reino de España, solo que en el caso de éstos, la reclamación se realiza en foros de arbitraje internacional y con arreglo a la Carta de la energía, mientras que los recurrentes españoles lo tienen que hacer ante los tribunales nacionales.

El secretario y abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, ha manifestado que los productores fotovoltaicos "no tienen el deber jurídico de soportar esta auténtica expropiación de sus derechos sin ser resarcidos por ello". De su lado, Piet Holtrop, del despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law ha reclamado que el Estado español "tiene que hacerse responsable de alguna manera de la situación creada".