Castilla y León rechaza fijar ayudas económicas para pagar las facturas de la luz y el gas

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La pobreza energética afecta a casi 10 millones de españoles.
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Las Cortes de Castilla y León han rechazado, con el voto negativo del PP, establecer unas prestaciones económicas para pagar las facturas energéticas de luz y gas a las familias en dificultades económicas, tal y como ha propuesto el grupo Podemos y han respaldado el resto de partidos.

En la sesión plenaria, el procurador del grupo Podemos Ricardo López ha presentado una proposición no de Ley que trataba de solucionar uno de los “principales problemas” que sufren las familias de la Comunidad y que se conoce como “pobreza energética”, familias que no pueden pagar sus facturas de luz y gas.

Según ha explicado el procurador, el 23,3% de población en Castilla y León vive en riesgo de exclusión social, lo que las convierte en las “víctimas perfectas” de las eléctricas, que en los años de la crisis han aumentado la factura de la luz un 52%.

Estas familias, ha continuado, se ven abocadas a elegir entre “comer o encender la calefacción”, por lo que si esta gente puede escoger qué alimentos compran y quedarse con los “más asequibles”, sería normal que pudieran pagar la factura según sus “capacidades económicas”, por lo que ha defendido el pago energético según la renta.

Alguna de las propuestas que esta proposición sostenía, era que las facturas que supusieran más de un 10% de la renta de las familias y contaran con un informe de los Servicios Sociales que acrediten la necesidad serían susceptibles de obtener esta ayuda económica, al igual que los hogares cuyos miembros fueran perceptores de la renta garantizada de ciudadanía.

Ante esta propuesta, el resto de partidos, a excepción del PP, se han mostrado de acuerdo, ya que “el acceso a la energía debe de ser una de las necesidades primarias de las personas”, ha clamado la procuradora del PSOE Ana María Muñoz.

En esta línea también se han manifestado los procuradores de Ciudadanos e IU-Equo, Ignacio Delgado y José Sarrión respectivamente, quienes han pedido un reparto justo de ayudas económicas a las familias más necesitadas.

Por el contrario, la procuradora del grupo parlamentario PP Irene Cortés ha advertido de que la Junta ya dispone de mecanismos para ayudar a estas personas con necesidades, como la red de protección a las familias, un sistema “avalado mundialmente” y que en el primer semestre del año ya ha atendido a más de 18.000 personas, ha concluido.

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