Castor: Soria pierde el rumbo y la vergüenza

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José Antonio Roca.
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En política, como en todos los órdenes de la vida, hay un intangible que se llama confianza. Y, de hecho, la calidad de la convivencia gravita sobre la fiabilidad que despiertan en nosotros las personas con las que nos relacionamos. Y, para bien o para mal, la confianza en las instituciones públicas y en las personas que las gobiernan está bajo mínimos. Una desafección que se venía gestando hace tiempo, pero que permanecía sepultada bajo la cultura de la indiferencia imperante de una ciudadanía muy alejada de la cosa pública. Pero en estos momentos, la desconfianza ha tomado cuerpo y los ciudadanos han empezado a exhibirla, rompiendo la monotonía de un sistema político corrupto y muy cerrado sobre sí mismo. La buena noticia es el despertar a la política de los españoles. La mala, el cierre de filas entre PP y PSOE en defensa de ‘su sistema’. Un claro exponente de lo primero es la irrupción de Podemos en la arena política. Y una consecuencia de lo  segundo es el caso de la indemnización del almacén de gas subterráneo Castor. Un asunto escandaloso cuyos estertores siguen haciendo correr ríos de tinta y provocando situaciones vergonzosas.

Ayer, sin ir más lejos, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no se conformó con defender durante la sesión de control del Senado la decisión del Gobierno de cerrar el almacenamiento subterráneo Castor, sino que, además, pretendió convencer a sus señorías y a todos los españoles que la indemnización de Castor se adoptó en beneficio del consumidor. Y para sustentar la falacia, el ministro citó la ampliación del periodo de amortización de la inversión de 20 a 30 años, la reducción del coste financiero de la inversión del 8,76% hasta el 4,267% y la reducción de más de 11 millones de euros al año en los costes de operación y mantenimiento de la instalación hibernada frente a la operación normal del almacenamiento. El ahorro medio para el sistema a partir de 2017, frente al coste previsto de haber entrado en funcionamiento, es de 110,8 millones de euros al año. Y todos tan contentos.

José Antonio Roca.
José Antonio Roca.

La desfachatez del ministro es, se mire por donde se mire, vergonzosa. Eso sí, ni mayor ni menor que la del exministro de Industria Miguel Sebastián, quien el pasado viernes no se conformó con manifestar no sentirse culpable de este desaguisado, sino que además tuvo el descaro de señalar como culpables a Joan Clos y Elena Espinosa y arremeter contra el Ejecutivo del PP al apuntar que había tenido opciones para para pagar menos por la indemnización a Escal UGS. Tal para cual.

Parafraseando al psicólogo austriaco Alfred Adler, “una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa”.  Y ese es el caso que nos ocupa. Desde el principio hasta el fin de esta historia es un continuo despropósito. Alguien en la Administración hizo el proyecto, alguien lo validó, alguien aprobó las normas del concurso y alguien decidió cancelarlo. Y esto ocurrió gobernando el PSOE primero y el PP después. Y como siempre, nadie ha asumido la más mínima responsabilidad por un fracaso que repercute en el bolsillo de los ciudadanos y, en particular, de los usuarios de gas, a los que la broma les va a costar más de 3.000 millones de euros.

El desaguisado es de tal magnitud que no es de recibo que el titular de Industria se despache diciendo que la indemnización se adoptó en beneficio del consumidor y se quede tan fresco.  Si los partidos mayoritarios, como dicen sin rubor,  quieren regenerar la democracia hacen falta muchas explicaciones: los socialistas deben aclarar por qué firmaron un convenio tan abusivamente favorable a la empresa y los del PP por qué siguieron adelante y han sido tan diligentes en pagar sin recurrir. Y aquí no cabe echar la culpa al Gobierno anterior, porque el actual ha tenido tres años para echar para atrás la norma que ha posibilitado este desatino.

En todo caso, el tortuoso devenir del Castor no debiera servir para que se genere un sentimiento de rechazo hacia los depósitos subterráneos de gas. Hay varios en funcionamiento en nuestro país sin ningún efecto negativo y son necesarios para una correcta gestión del gas natural. Pueden, además, constituir un factor central en la conversión de España en un centro estratégico de distribución de gas. En un momento de crisis en Europa debido a la dependencia del gas ruso, una nueva estrategia energética podría colocar a España en una posición envidiable en el mapa gasístico europeo. A lo que hay que poner freno no es a los almacenes subterráneos de gas sino a los políticos y, en particular, a aquellos que nos mienten y nos toman por tontos.

 José Antonio Roca es editor de El Periódico de la Energía.

 

 

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