Cataluña estudia impugnar la indemnización del almacén Castor

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Panorámica del almacén de gas Castor construido por Escal, filial de ACS. FOTO: ACS
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Panorámica del almacén de gas Castor construido por Escal, filial de ACS. FOTO: ACS
Panorámica del almacén de gas Castor construido por Escal, filial de ACS. FOTO: ACS

El conseller de empresa, Felip Puig, ha anunciado que la Generalitat estudiará si el acuerdo de indemnización a la compañía promotora del proyecto de gas subterráneo Castor se puede impugnar para intentar evitar que repercuta en el bolsillo de ciudadanos y empresas de Cataluña.

El Gobierno aceptó el pasado viernes en un real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

Durante la inauguración del Salón del Caravanning, Puig ha dicho que la Generalitat estudiará las posibilidades que tiene el acuerdo de ser impugnado porque el gobierno catalán no está de acuerdo con que las “cosas mal hechas que se hacen desde el Estado, las acaben pagando los consumidores y los industriales de Cataluña, en definitiva, los ciudadanos”.

Indignante y aberrante

El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, promoverá acciones de impugnación contra el real decreto-ley. El defensor del pueblo catalán ha confirmado, en rueda de prensa, que en las próximas semanas se reunirá con entidades de defensa de los derechos de los consumidores, colegios profesionales afectados -abogados e ingenieros- y movimientos vecinales para estudiar acciones legales contra una decisión que ha calificado de “indignante”.

El Síndic analizará si han existido irregularidades en la adjudicación de la plataforma por parte de los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, así como la afectación medioambiental que han padecido algunas zonas de la costa tarraconense.

Asimismo, Ribó ha denunciado la decisión de que la indemnización se cargue al recibo del gas durante 30 años y se ha comprometido a animar a los defensores del pueblo de todas las comunidades para que se sumen a la ofensiva para estudiar acciones legales contra un decreto “aberrante”.

Por último, Compromís ha encargado estudios jurídicos para impugnar los actos administrativos que han dado lugar al rescate de la concesión de la planta de gas Castor, con el fin de depurar “responsabilidades económicas y políticas”.

El diputado de Compromís en Les Corts Josep Maria Pañella ha asegurado hoy que su grupo no consentirá que los usuarios “paguen 1.350 millones de euros más los intereses” por “una clara negligencia y por un servicio que no se les prestará”.

“Es y será una estafa que se cobre a los usuarios de gas por un servicio que no se les prestará, el almacenaje o transporte de gas o por una instalación construida que no tiene licencia de actividad”, ha asegurado.

 

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