Cataluña pide a Bruselas que intervenga ante la ayuda de Estado ilegal a Castor

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El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. FOTO: EFE
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El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. FOTO: EFE
El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. FOTO: EFE

La Generalitat de Cataluña ha pedido a la Comisión Europea que analice si la indemnización de 1.351 millones de euros que el Gobierno español ha otorgado a los promotores del almacén de gas Castor por el cese de actividad de estas instalaciones vulnera la normativa, ya que la considera una “ayuda de Estado”.

El gobierno catalán, además, ha pedido a Enagás que no repercuta en el recibo de los consumidores el importe de la indemnización a los promotores de la infraestructura, según ha informado el departamento de Empresa y Empleo en un comunicado.

La petición de la Generalitat va dirigida al director general de Competencia de la Comisión Europea, Alexander Italianer, y a su director adjunto para Ayudas al Estado, Gert-Jan Koopman, y se fundamenta en un estudio jurídico que concluye que la solución propuesta por el Ejecutivo para Castor “no cumple la normativa europea de ayudas de Estado y tampoco respeta los principios de buena regulación”.

Según este informe, el procedimiento legal seguido para aprobar la indemnización a la sociedad Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a través de Enagás, “no se ajusta a los principios de buena regulación”.

Además, indica el documento, es “un error regulativo” utilizar mecanismos para compensar a empresas mediante la factura al consumidor final.

El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, también ha pedido formalmente a Enagás que “se abstenga de ejercer el derecho de cobro” que le corresponde para recuperar el importe de la indemnización hasta que se resuelvan las diferentes actuaciones iniciadas por la Generalitat contra esta medida.

Además de pedir la intervención de la Comisión Europea en materia de competencia, el Govern ha iniciado el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que define la indemnización por el Castor y el mecanismo para su pago.

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