Compromís pide una norma de autoconsumo energético menos restrictiva que la del Gobierno

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El autoconsumo impulsa la fotovoltaica
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Bruselas vigilará de cerca al Gobierno en materia de autoconsumo.
Bruselas vigilará de cerca al Gobierno en materia de autoconsumo.

El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, quiere que la regulación sobre el autoconsumo energético de balance neto sea menos restrictiva de lo planteado inicialmente por el Gobierno, y que únicamente contemple un peaje por el soporte físico de la red para poder operar de modo que este coste no desincentive esta fórmula de consumo.

El autoconsumo energético puede ser de dos tipos: el instantáneo pasa por consumir directamente la energía generada, mientras que en el autoconsumo de balance neto se inyecta en la red la energía excedentaria en puntas de producción y se obtiene la que se necesite en momentos valle, computando la diferencia a efectos de cobro.

Así, el autoconsumo instantáneo es viable en instalaciones donde el mayor consumo se realiza durante las horas del día (hoteles, hospitales, comercios, industria, etc.) mientras que el autoconsumo es el más adecuado para los hogares, donde los picos de consumo se dan por la noche.

Un  freno a su desarrollo

Ambas fórmulas de autoconsumo tienen importantes ventajas, ya que descentraliza la producción, facilita el ahorro y el consumo eficiente, reduce la necesidad de inversiones en nuevas redes, minimiza las pérdidas de energía en el transporte, limita la dependencia energética del país y la factura energética, mejora la competencia y transparencia en el sector e impulsaría nuevos sectores empresariales, sobre todo en materia de renovables, facilitando además el cumplimiento de los objetivos en esta materia.

Sin embargo, en su proposición no de ley, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Industria del Congreso y que recoge Europa Press, Baldoví lamenta que la propuesta de regulación del autoconsumo que el Gobierno envió en julio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en lugar de fomentarlo, supondrá un “importante freno” a su implantación, al contemplar tanto los peajes de conexión incluidos en el término de potencia como los peajes de apoyo.

Los primeros incluyen los gastos fijos, que desde julio de 2013 se han duplicado a la par que se reducían los costes del consumo energético. Los peajes de apoyo, por su parte, gravan el consumo instantáneo de fuentes propias, lo que supone un “agravio comparativo con el resto de instalaciones de generación eléctrica” y conlleva, en la práctica, la “inviabilidad” de las instalaciones de autogeneración.

Alemania y Dinamarca, dos ejemplos

Por ello, el diputado valenciano se hace eco de las reivindicaciones de diferentes organizaciones sociales, que piden una regulación más en línea con la de países como Alemania, Dinamarca, Canadá, Italia, Brasil o diferentes estados de Estados Unidos.

Así, pide al Congreso que conmine al Ejecutivo a “promover, facilitar y regular con urgencia” este tipo de instalaciones de autoconsumo apostando “realmente” por un sistema “descentralizado, ecológico y barato de producción y consumo”.

Para ello, los peajes de generación no deben suponer de facto “la imposibilidad económica” de este tipo de actividades, sino que deben contemplar únicamente “el hecho del soporte físico de la red para poder operar” mientras que los peajes de conexión tampoco deben plantear una barrera de entrada.

Asimismo, sería necesario autorizar el autoconsumo compartiendo una única instalación, así como que la instalación y la superficie donde se encuentre tengan distintos propietarios de modo que se fomenten nuevos modelos de negocio.

Por otra parte, Compromís-Equo cree que hay que reducir “al mínimo” los trámites administrativos para evitar retrasos y sobrecostes, exigiendo únicamente una notificación administrativa a pymes y sector residencial. De hecho, este tipo de instalaciones deberían servir para estimular la rehabilitación de edificios y barrios y el mantenimiento de la población rural, en colaboración con los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

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