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El Consejo Europeo de octubre ha acordado los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para 2030. Las metas que se han establecido son menos ambiciosas que las que en 2007 se acordaron para 2020. Las desviaciones en el cumplimiento de la trayectoria de los objetivos de 2020 justificaron la aprobación, desde 2009, de nuevas directivas de renovables y eficiencia energética para impulsar las políticas nacionales, pero al final se han impuesto los intereses de los Estados miembros y la presión de los grandes grupos energéticos europeos para retrasar la transición energética en Europa y alargar un mix con predominio de los combustibles fósiles y la dependencia energética.

El objetivo del 27% de consumo de renovables para 2030 vincula al conjunto de la Unión pero no a los Estados. El 27% de eficiencia energética es solo indicativo y no vincula a nadie. El 40% de reducción de emisiones de CO~2~ vincula al conjunto de la Unión y el objetivo se cumplirá colectivamente. Se mantiene la asignación gratuita de derechos de emisión y aumentan las ayudas a la captura y almacenamiento de CO~2~. En las conclusiones del Consejo se reconoce la libertad de los Estados miembros para determinar su mix energético. La renacionalización de la política de clima y energía representa un claro retroceso para Europa.

Lo mismo ocurre con los objetivos de interconexiones donde la desviación de la trayectoria ha sido aún mayor. El Consejo Europeo de 2002, celebrado en Barcelona, ya acordó alcanzar el 10% de capacidad de interconexión en 2010. En 2014 la capacidad de interconexión de España con Francia sigue en el 1,4% y ahora se acuerda el 15% para 2030, pero sin presupuesto ni asignación de costes y su financiación quedará dentro de los límites del marco financiero plurianual. Todo queda pendiente del plan de inversiones de 300.000 millones que el presidente J.C. Juncker ha anunciado, pero sin que se sepa cómo se va a financiar y con la advertencia de Alemania de que no está dispuesta a gastar ni un euro.

El acuerdo sobre las interconexiones puede tener el mismo futuro que el de 2002, ya que el centro de gravedad de la UE se ha desplazado al Este, ningún país centroeuropeo va a romper sus contratos con Gazprom y en España conocemos muy bien cómo defienden los franceses, alemanes e italianos a sus grandes empresas energéticas, como acaba de hacer Italia con Enel a costa de Endesa. Las interconexiones son imprescindibles no por las injustificadas y caras expectativas creadas por el sector gasista sino porque son necesarias para una mayor integración de renovables en la Unión.

Del estado de la transposición de las directivas de renovables y eficiencia energética al ordenamiento jurídico nacional, que analizaremos en un próximo artículo, y del estado de cumplimiento de los objetivos de 2020, se puede concluir que con las políticas actuales España no alcanzará los objetivos fijados para 2030.

En cuanto a la eficiencia energética, la propia Comisión Europea propuso un objetivo del 30% en su Comunicación de julio, pero reconociendo que un tercio del objetivo se alcanzaría simplemente a causa del menor consumo por la crisis y el estancamiento de la economía. El Consejo ha rebajado el objetivo al 27% pensando lo mismo, que si la economía no crece el objetivo se alcanzará fácilmente. Hace dos años la propia Comisión aprobó la Directiva de eficiencia energética calificándola como un poderoso instrumento de reactivación económica y creación de empleo. El Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-2020 ha ido más lejos al señalar que España en 2012 ya alcanzó el objetivo de 2020 y que cualquier nuevo esfuerzo sería una penalización a la recuperación económica.

El efecto de la reforma energética sobre los objetivos de 2020 y 2030 es muy negativo porque ha establecido nuevas barreras al desarrollo de la inversión renovable, la micro-generación, el autoconsumo y la integración de renovables en la edificación y el transporte que son los instrumentos indispensables para alcanzar los objetivos de eficiencia energética, reducción de CO~2~ y renovables. Por el contrario, la reforma impulsa la economía de los hidrocarburos, más cara y contaminante.

La consecuencia más relevante del incumplimiento de los objetivos europeos es la pérdida o deslocalización de la industria y la tecnología nacional más puntera que ha tenido la economía española en toda su historia y un liderazgo mundial que una vez perdido no se recuperará. ¿Por qué las grandes compañías energéticas nacionales hacen fuera lo que aquí desprestigian y no quieren hacer?  ¿Desde qué análisis económico se puede basar la reindustrialización en la industria extractiva de hidrocarburos convencionales y no convencionales? El gran error de la política energética española es seguir considerando incompatibles el crecimiento y los objetivos para combatir el cambio climático.

Javier García Breva es experto en Políticas Energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.

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