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La última mesa de trabajo de las jornadas que se celebraron el jueves y el viernes en el Ministerio de Agricultura para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue la de “Energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono”, contó con casi cien expertos del sector, desde representantes de grupos políticos y de administraciones públicas, empresas, asociaciones sectoriales, ongs, sindicatos y del sector financiero y jurídico.

Cada subgrupo presentó su decálogo de propuestas para que a partir de ahí, el Gobierno tome buena nota de lo que quiere la sociedad española y los que conocen a fondo el sector energético y elabore una ley que guste a casi todos.

De la sociedad civil estaban representados los grupos ecologistas, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Seo y WWF, sindicatos (CC.OO., USO y UGT) y Alianza por el  Clima. Entre todos han propuesto que España ajuste los plazos 2030 y 2050 a los Acuerdos de París; que se marque una Hoja de Ruta 100% renovable con el cierre de las nucleares y de las térmicas de carbón, aunque en este punto diferían con los representantes sindicales del carbón que proponían un mix energético; favorecer fiscalmente las actividades no contaminantes; una auditoría de costes; reactivar el Plan de Fomento de las energías renovables; que el precio del CO2 esté por encima de los costes de transición energética; una ciudadanía energética, es decir, transformar la economía; una ley de promoción de autoconsumo, sin las barreras que existen ahora para los ciudadanos y las empresas; y una participación más profunda en esta ley por parte de los agentes sociales.

En la mesa del sector financiero y jurídico se encontraban representantes del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Uría y Menéndez, el ICO, Ceca Bank, el Grupo Santander, el Banco de España, el BBVA, Gómez Acebo y Pombo, y BNP Paribas. Para ellos, es necesario un amplio compromiso político, que garantice la seguridad jurídica, pero también objetivos cuantificables con incidencia en los sectores difusos y presupuestos de carbono con una visión de horizonte 2050; también proponen la creación de un órgano de apoyo independiente que haga seguimiento de la labor del Gobierno y de las administraciones así como de su desarrollo (seguimiento y desarrollo de informes de cumplimientos de plazos, informes de acción y de los presupuestos); mecanismos de precios y que aseguren la internacionalización de precios; una reforma fiscal en los planos estatal, autonómico y local; eliminación de las ayudas de Estado a los combustibles fósiles; y por último y fundamental, transparencia, reporting y disclosing según las normativas internacionales de las empresas.

Del sector académico y de investigación se convocaron al CIEMAT, al Club de Excelencia en Sostenibilidad, Bc3, Forética, Real Instituto Elcano y a la Fundación Alternativas. Ellos propusieron una estrategia integral para elaborar la ley y un cálculo de los costes de la transición energética, por las consecuencias para las empresas y por las diferencias distributivas que podría suponer a los ciudadanos. También quisieron poner de relevancia la gobernanza con presupuestos para el carbono, una evaluación de obligaciones para los objetivos de cambio climático, obligaciones de transparencia y reporting sobre la huella de carbono de los sectores, y el seguimiento de todo ello por parte de expertos independientes.

El numerosísimo sector privado se dividió en dos grupos de trabajo, pero se concentraban las asociaciones sectoriales como CEOE, ACOGEN, Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), UNEF, APPA, Carbunión, SEDIGAS, AOP, UNESID, ASPAPEL, Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), AEGE, UNESA, AEE y OFICEMEN. También empresas como Endesa, EDP España, Gas Natural Fenosa, Acciona, Viesgo y Enagás, además de representantes de la Cámara de Comercio de España y el Grupo Español de Crecimiento Verde.

Entre sus propuestas se incluyen que se garantice una capacidad económica para abordar la política energética, objetivos de reducción de gases de efecto invernadero ambiciosos, cuantitativos y vinculantes 2030 y 2050 que se midan en términos de consumo y de producción o emisión, y que la senda de cumplimiento de estos tenga los ritmos de financiación de la industria.También que la electrificación de la economía se haga con un reparto general a lo largo de todos los sectores económicos, que se amplíen las interconexiones con la Unión Europea, recibir el apoyo de las administraciones públicas, mantener el principio de quien contamina paga y que se aprueben mecanismos de protección a grupos que necesiten protección o a ciudadanos vulnerables.

También han recordado que la industria es un sector clave para el país y por tanto hay que ser competitivos y evitar la deslocalización. Por eso proponen una ley transversal, estable y que de seguridad jurídica, consensuada, coherente y con seguimiento. La fiscalidad es otro de los temas a abordar además de mejorar la economía circular.

De los partidos políticos, había representación del PP, del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos y de Esquerra Republicana. Sus propuestas han sido las que más han llamado la atención por sus decisiones consensuadas. La más importante es que todos coinciden en que hay que llegar a un horizonte 100% renovable, y que la estrategia debe integrar energía y clima, además de la descarbonización del sistema y del modelo económico. También piden que los objetivos de reducción de emisiones sean más ambiciosos, que la regulación sea perdurable en el tiempo y que de seguridad jurídica, que se de más protagonismo al consumidor, pasando de un modelo actual de oferta a otro de demanda, y que la eficiencia energética sea el elemento clave para establecer objetivos concretos en la ley. En definitiva, abogar por el impulso de las energías renovables para rebajar la dependencia energética, las interconexiones y una fiscalidad ambiental mucho más ambiciosa.

Por último, en el lado de Ayuntamientos y Diputaciones se encontraban portavoces de la Red Española de Ciudades por el Clima (FEMP), de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Islas Baleares, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (FEMP), de la Generalitat de Cataluña y del País Vasco. Sus principales propuestas han sido una calendarización de los objetivos de reducción de gases contaminantes, planificación y plan de acción de la ley, que haya más certidumbre, la creación de un fondo de financiación y se deslocalice la producción de la energía con microgeneración, biogás, etc.

En definitiva, una batería de propuestas que ahora solo falta que el Gobierno las utilice para integrarlas en la futura ley.

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