El transporte es responsable de casi el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y es la principal causa de contaminación en las ciudades europeas. La Unión Europea se ha embarcado hace mucho tiempo en el camino hacia un medio ambiente más verde y saludable, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI en un 40% para 2030 y en un 80-95% para 2050. Sin embargo, con las medidas implementadas hasta ahora, el objetivo seguirá siendo difícil de alcanzar.
El sector del transporte es vital para los esfuerzos de la UE para reducir la huella de carbono y el Comité Europeo Económico y Social (CEES) ya ha pedido un giro en la política de transportes. Una nueva estrategia –una estrategia europea para la movilidad de bajas emisiones- debería ayudar a acelerar el proceso de descarbonización del transporte.
Un argumento para una estrategia aún más completa
En un reciente dictamen titulado Descarbonización del transporte, el CEES adopta una postura sobre esta estrategia. El Comité lo apoya ampliamente y acoge con particular satisfacción su enfoque holístico, que garantiza la coherencia entre los sectores del transporte y otras políticas sectoriales, entre ellas el desarrollo del mercado de la electricidad, la promoción de nuevas soluciones de transporte y el fomento de la investigación y la innovación.
Para el CEES no se llegará lo suficientemente lejos. “Lamentamos que este enfoque no haya sido seguido”, dijo Stefan Back, ponente del dictamen, quien se refirió a las sinergias entre la apertura de los mercados y la eficiencia. “Las perspectivas de la economía digital y la movilidad, la circular y la economía compartida también deberían estar vinculadas a los patrones de transporte para anticipar los efectos potenciales, en particular las consecuencias sociales”. Dado que el transporte está al borde de un cambio de paradigma, el CEES considera esencial vincular la estrategia con todas las políticas que afectan y se ven afectadas por este cambio.
Otro punto de crítica es el silencio de la Comisión sobre la mejora de las normas sobre el acceso a los mercados del transporte de mercancías por carretera y sobre la mejora de la eficiencia energética permitida por el sistema modular europeo de combinaciones de vehículos. Esto excluye un elemento de la regulación del mercado del transporte en el que existe un considerable margen para mejorar el funcionamiento del mercado y desarrollar un sistema de transporte más eficiente en energía y recursos. En cuanto a las medidas de mejora de la eficiencia, el CEES subraya que las medidas requieren flexibilidad para adaptarse a los distintos entornos.
La competitividad necesita igualdad de condiciones
La revisión de la directiva Eurovignette también debe garantizar una competencia leal entre los modos de transporte, lo que sólo puede lograrse si existe una igualdad de condiciones en lo que respecta a las tarifas de infraestructura y los costes externos. El hecho de que el Servicio Europeo de Peajes Electrónicos (EETS), aunque decidido en 2004, todavía no se haya puesto en práctica, no sólo exige su reactivación, sino la revisión de todo el sistema para superar los obstáculos que han obstaculizado su aplicación. Es necesaria una verdadera transparencia de los costes en el transporte.
Para el CEES también es importante aplicar medidas de acuerdo con la sociedad civil. Back recalcó una vez más que “la sociedad civil y los ciudadanos son los principales impulsores de la sociedad de emisiones cero, es importante que se los acepte, necesitamos un auténtico diálogo participativo también a nivel nacional y agradezco que la Comisión reconozca el papel crucial del apoyo de la sociedad civil”.
Por último, pero no menos importante, el CEES reitera su apoyo a los objetivos del Libro Blanco del Transporte. Con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos y reducir las emisiones, es importante finalmente completar el mercado interno de transporte. Esto debe lograrse mediante normas claras y aplicables y acompañadas de medidas para combatir todas las formas de dumping social, así como el fraude y el abuso en relación con el desplazamiento de trabajadores y el acceso a prestaciones sociales.