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Hace aproximadamente un año, el nuevo Gobierno recibió la primera bofetada en forma de sentencia del Tribunal Supremo. Daba la razón a las cinco grandes eléctricas y el Gobierno tenía que devolverlas los 500 millones de euros por el bono social de los últimos años. Además, tenía que cambiar las reglas de juego, de la financiación del mismo, y con la presión de todos los partidos políticos y la sociedad civil afrontar una reforma del bono social.

El Gobierno se puso manos a la obra bien pronto, trabajó con los partidos políticos, y sacó el proyecto de Real Decreto. Fue entonces cuando pudo escuchar a unos y otros, a la CNMC, a consumidores, a las eléctricas, tanto distribuidoras como comercializadoras. Este pasado viernes aprobó el RD en Consejo de Ministros, el sábado salió publicado en el BOE y este lunes hizo lo propio con la Orden que regula ese RD.

España tiene un nuevo bono social de la luz, pero ¿es realmente lo que se necesitaba? Existen ciertas mejoras dentro del bono social. La definición del consumidor vulnerable queda clara. También se ha visto bien que se tenga en cuenta la renta para poder acogerse a las reducciones del bono social en la factura de la luz.

Pero sigue habiendo asuntos sin resolver, lagunas en las que se encuentran escapatorias para poder seguir haciendo trampas al sistema eléctrico. Y eso no ha gustado ni a las compañías eléctricas ni tampoco a las asociaciones de consumidores.

El nuevo bono social mantiene a las familias numerosas y a los pensionistas como grupos que podrán acogerse a la reducción del 25% de la factura sin más explicación que esa. A estos colectivos no se les pide la renta y se les trata como consumidor vulnerable cuando no se da en todos los casos.

Habrá familias numerosas con recursos que se podrán beneficiar del descuento. O pensionistas que no necesitan esa ayuda y la perciban. Y habrá familias con dos menores que vayan realmente más justos (12.000 euros de ingresos aproximadamente) y no obtener esa ayuda.

Además, el nuevo bono social pone un límite de consumo de electricidad a todos los perfiles de unidad familiar posible. Y es ahí donde se encuentran las mayores incongruencias y la gran desproporción. Por ejemplo, una familia numerosa (que en algún caso podría ser de un progenitor con dos menores) tiene un límite de 3.600 kWh de consumo anual. Pues bien, una unidad familiar con dos menores tiene un límite muchísimo menor (un 80%) que la familia numerosa y solo por tener un hijo/a menos. Y este colectivo con dos menores tiene un límite un 20 mayor que las unidades familiares con un solo menor. ¿Por qué estas diferencias?

Otro problema, es que no existe prácticamente límite en cuanto a potencia contratada se refiere. El nuevo bono social permite subvencionar a todos los consumidores que estén por debajo de los 10kW contratados. “De esta manera no se está poniendo límites a la potencia al igual que se ha hecho con el consumo y no se apuesta verdaderamente por la eficiencia energética”, denuncian fuentes del sector, “que es de lo que se trata”.

La protección de los consumidores vulnerables está bien redactada. A los más severos no se les podrá cortar el suministro, pero ¿qué pasa con los consumidores que no perciben el bono social? La nueva medida da dos meses de vida, o mejor dicho, de impago a todos los consumidores, algo que no ha entendido muy bien el sector ya que “se está dando la posibilidad a que consumidores no vulnerables puedan seguir haciendo trampas”.

Otra de las quejas del sector procede del ámbito de la financiación del bono social. Serán todas las comercializadoras eléctricas las que tienen que financiarlo, por tanto será el consumidor el que finalmente pague todo este descuento, incluidos los que lo perciben, y no realmente las eléctricas.

“Esta partida debería estar financiada exclusivamente mediante los Presupuestos Generales del Estado”, afirman otras fuentes.

Asimismo, el Gobierno ha desoído a las distintas organizaciones y partidos políticos que abogaban por extender el bono social a otros términos energéticos como el gas natural. Cabe destacar que el 60% del gasto energético en los hogares procede de la calefacción con gas si no hay descuentos en esta factura de poco servirá que las familias españolas vulnerables puedan calentar sus hogares este invierno.

Por si fuera poco, el propio Gobierno ha asegurado que el bono social de la luz solo lo percibirán la mitad de los que realmente se pueden beneficiar de ello. Y no es de extrañar. “Si la gran mayoría de la sociedad no entiende cómo es la factura de la luz, ¿cómo pretende que los consumidores con menos recursos se enteren de cómo acogerse al bono social?”.

Ahora, para acogerse al bono social es más complejo que nunca. “Resulta excesivamente farragoso”, denuncian desde una comercializadora eléctrica. Y es que ahora hay que enviar documentación a las Comunidades Autónomas y a las compañías eléctricas muy detallada, con formularios inexplicables, largos y técnicamente complejos para el ciudadano de a pie. En definitiva, más burocratización en el sector.

Con todo ello, es más que probable que el Gobierno comience más pronto que tarde a recibir recursos judiciales en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del nuevo bono social y la orden que lo regula. Nadie está contento con el nuevo bono social. Otra oportunidad perdida.

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