El ahorro de energía no es déficit público

Uno de los cambios más importantes surgidos de nuestra última gran crisis ha sido la transformación del perfil del consumidor de energía. Ahora todo el mundo sabe lo que le cuesta la luz y el gas. El ahorro de energía ha pasado a tener un valor económico importante para el consumidor final y la eficiencia energética es una prioridad.

La reforma eléctrica ha afrontado esta realidad con desprecio. Se ha incrementado un 100% el término de potencia en el recibo para cobrar más por la energía contratada que por la realmente consumida. De esta manera se desincentiva el ahorro energético y, lo que es peor, se hace muy difícil financiar las inversiones en eficiencia energética con los ahorros de energía.

El RD 900/2015 de autoconsumo tiene el mismo objetivo. Siendo el autoconsumo, ante todo, el mejor instrumento de gestión de la demanda y, por lo tanto, de ahorro de energía, todas las barreras que se imponen para impedir al consumidor poder gestionar su propia energía son también barreras a la eficiencia energética.

Para las administraciones públicas, la Unión Europea, a través de Eurostat, ha levantado otra barrera más al considerar sus inversiones en eficiencia energética como déficit público, sin contemplar el valor económico del ahorro en sus costes energéticos ni en la disminución del gasto corriente.

La consecuencia directa es que si la regulación no reconoce el valor económico y financiero que representa el ahorro de energía llegamos a la situación actual en la que, existiendo una demanda real de eficiencia y rehabilitación energética por los elevados costes de la energía y el enorme potencial de ahorro energético, existen graves dificultades para crear mercado de eficiencia energética y mercado de rehabilitación.

La Comisión Europea es consciente del problema que supone la financiación de la eficiencia energética de edificios y en la revisión de la Directiva 2010/31/UE (DEEE), dentro del “paquete de invierno” que se ha anunciado para el 30 de noviembre, se pretende incluir una iniciativa de edificios orientada a la financiación en la que se incluiría el estudio por Eurostat para eliminar la barrera contable del déficit a las inversiones públicas en eficiencia energética.

En la propuesta de modificación de la DEEE, entre los criterios que se están discutiendo cabe destacar los siguientes:

• Obligación de que el certificado energético del edificio contenga las recomendaciones de mejora de la eficiencia energética y que la financiación pública se vincule a la fiabilidad de la certificación energética antes y después de las actuaciones.
• Obligación de realizar las inspecciones periódicas de las instalaciones de calefacción y refrigeración y que los nuevos edificios consideren sistemas de alta eficiencia (renovables, cogeneración, district heating, bombas de calor).
• Los gobiernos deberán introducir mecanismos de agregación de proyectos para facilitar la financiación de la rehabilitación en el sector privado y para eliminar el riesgo en operaciones de eficiencia energética frente a la percepción de los bancos. Se destinarán recursos públicos para impulsar la inversión privada en rehabilitación energética.
• Todos los nuevos edificios y los que se rehabiliten deberán tener una infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico. Para 2023, por cada diez plazas de aparcamiento al menos una deberá contar con un punto de recarga.
• Para 2027, los edificios no residenciales con uso de energía primaria que supere los 250 MWh deberán contar son sistemas de automatización y control. Los edificios de viviendas con sistemas centralizados de potencia nominal acumulada de más de 100 kW contarán con vigilancia electrónica y funcionalidades de control. A estas propuestas cabe añadir las que se refieren al autoconsumo en la Directiva de renovables, como el autoconsumo compartido y la venta de la energía excedentaria, y las directrices, no vinculantes, para los edificios de consumo de energía casi nulo que publicó la Comisión el 29 de julio pasado y que se comentaron en El Periódico de la energía el 31 de agosto de 2016 y que afectan por igual a los edificios nuevos y a los que se rehabiliten.

En coherencia con la importancia que se le ha dado a la eficiencia energética y al papel de los Ayuntamientos en la estrategia de la Unión de la Energía, la Comisión Europea apuesta por impulsar el crecimiento de las energías renovables a través de su integración en la nueva edificación, la que se rehabilite y el transporte. El edificio de consumo de energía casi nulo y el vehículo eléctrico suponen la penetración masiva de renovables y de ahorro de energía en el medio urbano y una restructuración integral de las ciudades.

La conexión entre el vehículo eléctrico y el edificio eficiente se produce a través del almacenamiento y el punto de recarga en el mismo edificio. Esta es la clave de la transformación de las ciudades que ha planteado la Comisión Europea y, en definitiva, se trata de facilitar al consumidor el ser dueño de su energía participando directamente en el sistema eléctrico.

La propuesta de las nuevas directivas pasará muchos filtros hasta que se aprueben definitivamente y gran parte de su contenido no será vinculante para los gobiernos. Pero las reglas por las que habrán de competir los países y las ciudades están claras y suponen un cambio de modelo energético basado en la demanda. El camino para que el ahorro de energía se considere un valor económico y financiero está planteado y quien no se adapte tendrá que asumir en el futuro mayores riesgos.

Javier García-Breva es a_sesor en Políticas Energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía._