El Ayuntamiento de València solo contratará energía eléctrica 100% renovable

El Ayuntamiento de València ha aprobado el nuevo acuerdo marco para la contratación de energía, por el que la totalidad de la electricidad deberá ser "verde" o "renovable", e incluye un apartado de atención a la pobreza energética, para evitar los cortes de luz a familias en situación de vulnerabilidad social.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha declarado que este "es uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento", por importe de 38,2 millones de euros, y ha indicado que la energía "es un tema muy sensible" y quieren "mirar por el dinero de todos los valencianos sin malgastar ni un céntimo".

Según este nuevo acuerdo, el contrato para el suministro de energía de baja y alta tensión tendrá una duración de dos años y podrá ser prorrogable hasta en dos ocasiones, por un año, además de abastecer también a la Fundación deportiva Municipal y a la Universidad Popular.

El alcalde ha incidido en que, como "obligación contractual esencial", todas las ofertas deberán incluir un certificado de la Comisión Nacional de Mercados (CNMC) que demuestre que la procedencia del 100% de la energía suministrada es verde o renovable, en lo que ha considerado como "una de las cuestiones más relevantes" respecto a la licitación.

Ha resaltado también que en el acuerdo se incluye "la atención y reducción de la pobreza energética," que supondrá que "a ninguna familia se le podrá cortar la luz sin que antes haya un informe de los Servicios Sociales en el que se explique su situación" y obligará a la empresa proveedora a pedir dicho informe antes de cortar el suministro.

Ribó ha explicado también que se han establecido algunas condiciones destacables para las empresas adjudicatarias, como mantener fijos los precios durante la duración del contrato y no superar nunca los precios establecidos en otros contratos con administraciones públicas.

En este sentido, tanto el alcalde como el concejal de Gobierno Interior, Sergio Campillo, han detallado que el importe de solvencia exigida a las posibles adjudicatarias se ha rebajado para favorecer que empresas pequeñas y cooperativas energéticas puedan optar a la participación en el concurso.