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Las prisas no son buenas pasajeras y más cuando te toca legislar temas tan complejos como el sistema eléctrico. El Gobierno se ha visto en la obligación, tras la sentencia del Supremo a favor de las eléctricas y el caso de la muerte de la anciana, en regular deprisa y corriendo el bono social de la luz.

El pasado viernes aprobó el Real Decreto que regula el mecanismo de financiación del bono social y y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Ahora le falta al Gobierno en los próximos meses aprobar el reglamento para que pueda ser efectivo.

Y antes de ponerse a ello, se va a encontrar con un gravísimo problema, que le llevará a organizar el colmo de los colmos en el sistema eléctrico. Es decir, que el consumidor vulnerable que se beneficiará del bono social también lo costee.

Vayamos por partes. El Gobierno ha dicho en el Real Decreto que el bono social se repartirá en los consumidores con escasa renta. A partir de ahora se beneficiarán aquellos que realmente lo necesiten.

Para poder optar al bono social, el consumidor tendrá que estar acogido a la tarifa regulada, también llamado Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Algo a lo que muchos consumidores, la mitad del espectro nacional, no están acogidos y por lo que muchos afectados tendrán que cambiar de contrato con la eléctrica si se quiere beneficiar de la rebaja del 25% que supone el bono.

El Gobierno busca con ello que más consumidores se pasen a la tarifa regulada, que es más barata que cualquiera del mercado libre. En los últimos años, el boom de nuevas comercializadoras y las grandes han conseguido dar la vuelta al mercado y ya hay más en libre que en el PVPC. Las cosas raras del mercado.

Por otro lado, el Gobierno asegura en el RD que el bono lo financiarán las comercializadoras eléctricas en su conjunto. Ya no solo las de referencia (las cinco grandes más las de Ceuta y Melilla) sino las más de 200 que funcionan en el mercado.

Y además, lo harán por número de clientes. Cuantos más clientes más pagas. Ya contó este diario que empresas como Axpo o Fortia que se dedican al cliente pyme o industrial pagarán mucho menos que las comercializadoras que han puesto el foco en el consumidor doméstico como puede ser Fenie.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, dijo por activa y por pasiva que el bono social no lo iban a sufragar ni los consumidores ni los Presupuestos Generales del Estado.

Este es el primer gran fallo porque las comercializadoras lo traspasarán a sus clientes. Pero el Gobierno para tratar de quedar bien con una mayoría, pretende que las cinco grandes eléctricas no lo hagan a sus clientes del PVPC, ya que la tarifa regulada es fruto de la adición por parte del Gobierno de diversos costes reconocidos, ya sean los de mercado, los regulados y los de comercialización.

El Gobierno pretende que los consumidores del PVPC no paguen el bono. Pero este tiro le ha salido por la culata. Según expertos jurídicos citados por Europa Press, si durante el desarrollo normativo del real decreto ley a las comercializadoras de referencia no se les reconoce la posibilidad de repercutir al cliente el coste adicional del bono social, podrán recurrir ante los tribunales al sentirse discriminadas con respecto a las comercializadoras de mercado, y muy probablemente ganarán.

La jurisprudencia acumula ya numerosos ejemplos de empresas con actividades reguladas que denuncian una insuficiencia de ingresos y que ganan en los tribunales. Las propias comercializadoras de referencia han logrado recientemente que el Tribunal Supremo les dé la razón y obligue al Gobierno a reconocerles un margen de comercialización suficiente.

Precisamente, el real decreto en el que se les revisa al alza este margen para cumplir con el Supremo, el 469/2016, publicado el pasado 25 de noviembre, también reconoce a estas comercializadoras reguladas su capacidad para repercutir al cliente el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo coste como el bono social, también había cargado el Gobierno a las empresas.

Las fuentes consideran que lo ocurrido con este fondo de eficiencia es un caso análogo al bono social. Las empresas denunciaron ante los tribunales la obligación de costearlo y el Gobierno les ha reconocido la posibilidad de trasladar este coste al consumidor final, sin esperar la resolución judicial.

Por si fuera poco, las comercializadoras de mercado libre también dispondrán de margen para recurrir, ya que al repercutir el coste del bono social al consumidor verán cómo sus ofertas pierden atractivo con respecto a un PVPC que no incorpora este importe y que se convertirá en una “tarifa subsidiada” en la que no se reconocen todos los costes.

Al final, el bono social, se ha convertido en un colmo. Si no se quiere incurrir de nuevo en discriminación, y por tanto perderlo otra vez en los tribunales, el consumidor del PVPC, aquel que se puede beneficiar del bono social, tendrá que costearlo también. Nadal ha conseguido formar un nuevo lío eléctrico.

 

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