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De aquí a finales de 2017 el Gobierno tiene que darse prisa en diseñar la hoja de ruta de las próximas décadas en materia energética y medioambiental, si quiere cumplir a tiempo con los plazos acordados a nivel europeo e internacional.

A principios de este año, se presentó el instrumento de ratificación del Acuerdo de París y ahora nuestro país tiene que implementarlo. España se ha comprometido a una reducción de emisiones en los llamados sectores difusos (agricultura, transporte, residuos, gases fluorados y sector residencial) de un 26% en 2030 respecto a los niveles de 2005, y de un 43% en el sector industrial regulado por el mercado de carbono europeo europeo.

Además, un poco antes, en noviembre, la Comisión Europea presentó su ‘paquete de invierno‘, con un claro posicionamiento a favor de las energías renovables y de la eficiencia energética. Y la transposición de las directivas europeas deberá hacerse antes del 1 de enero de 2020. Hasta entonces, el Gobierno deberá decidir de qué manera se va a alcanzar el objetivo de 15% de interconexión eléctrica, cuál será la contribución al objetivo de 27% de renovables y cuál del 30% de eficiencia (en caso de aprobarse la propuesta de la Comisión) para 2030.

Por eso, en abril pasado se celebró la primera reunión del grupo de trabajo interministerial para elaborar el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan de Energía y Clima. La anunciada Ley tiene como objetivo la descarbonización casi total de la economía sin perjudicar los intereses del sector empresarial y del crecimiento económico además de incluir las medidas existentes y futuras con un horizonte 2030 y 2050.

Junto a este grupo de trabajo, los principales agentes y sectores implicados se reunieron la semana pasada y el Gobierno ya tiene en sus manos las propuestas que se hicieron desde todas las vertientes, agricultura, movilidad, energía y ciudades. ¿Cuál es el siguiente paso?

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha anunciado que ahora se abrirá un proceso de consulta público previo a la elaboración del anteproyecto de ley, en el que se espera contar con la activa participación de toda la sociedad española.

Una hoja de ruta que deberá contar con la supervisión y el análisis de grupos de expertos independientes para ver cómo se materializa todo el trabajo previo de la sociedad en su conjunto. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha revelado que se creará una Comisión de Expertos para “procurar acertar lo más posible en la Ley”, y así, “si se hacen bien las cosas, daremos una ventaja competitiva a nuestro país”.

Pero ¿es necesaria esa Comisión? Desde el año 1998 existe un organismo, el Consejo Nacional del Clima, donde están representadas todas las administraciones públicas, así como las organizaciones ambientales y entidades representativas del sector, “un verdadero foro de participación cuyo objetivo era la elaboración y el seguimiento de las políticas sobre cambio climático a nivel estatal”, explica José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace y miembro del Consejo, “pero lleva inactivo más de cinco años y eso que sus funciones encajan con las necesidades actuales de seguimiento y participación de la sociedad civil”.

El Consejo Nacional del Clima es un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, según el Real Decreto 415/2014, de 6 de junio.

Está compuesto por cinco representantes de las cinco grandes organizaciones ecologistas. Por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, están el subsecretario, el secretario general técnico; los directores generales de Desarrollo Rural y Política Forestal, de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y de Agua; así como el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales. También hay un representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Al Consejo del Clima se suman también un vocal perteneciente al ámbito de la docencia universitaria, que deberá tener la condición de experto en las materias relacionadas con el cambio climático, así como el director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Con la suma de todos, el Gobierno tendrá que buscar un equilibrio entre todas las aportaciones para presentar un borrador con los Planes Integrados de Energía y Clima con los objetivos a alcanzar en 2030 antes del 1 de enero de 2018. El cronómetro ya está en marcha y no hay tiempo que perder.

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