El Consell Valencià de Cultura pide la suspensión definitiva de Castor

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Panorámica del almacén de gas Castor construido por Escal, filial de ACS. FOTO: ACS
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Panorámica del almacén de gas Castor construido por Cobra, filial de ACS. FOTO: ACS
Panorámica del almacén de gas Castor construido por Cobra, filial de ACS. FOTO: ACS

El Consell Valencià de Cultura (CVC) recomienda la “suspensión definitiva” del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona) por la “íntima relación” entre su actividad y los seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013.

El CVC, institución consultiva y asesora de la Generalitat valenciana, ha aprobado hoy en sesión plenaria un informe realizado por su Comisión de Ciencias sobre la planta de gas, en el que pide, además, el desmontaje de todos sus elementos sin que los ciudadanos tengan que asumir ningún coste derivado de esta “fallida inversión empresarial”.

La comisión solicitó las comparecencias del alcalde de Villafranca, Oscar Tena; del responsable de la empresa ESCAL-UGS, Recadero del Potro, responsable del almacén, y de los portavoces de la Plataforma Ciudadana de Defensa de las Tierras del Cenia, Cristina Reverter, Juan Ferrando y Evelio Monfort.

De los datos aportados en dichas comparecencias y la documentación recopilada, el Consell Valencià de Cultura considera que “todo induce a considerar la existencia de una íntima relación entre los seísmos y los trabajos de la planta Castor”, actualmente sin actividad por decisión del Gobierno.

En su informe, este organismo advierte de que en las dos versiones del estudio de impacto ambiental presentadas por la empresa en 2007 y 2008 “se obviaron” las recomendaciones del Observatorio del Ebro y se descartó la posibilidad de riesgos sísmicos.

Considera además “algo inédito” que la autorización del proyecto contemplara que en caso de caducidad o extinción la empresa tuviera derecho a recuperar la inversión efectuada, con una compensación por el valor neto contable de las instalaciones siempre que estuviesen operativas, “incluso en caso de que el Gobierno español apreciase dolo” o “malas praxis”.

El CVC trasladará este informe a la Conselleria de Economía e Industria, y a la de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a los comparecientes en la Comisión y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

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