Mientras se decide el futuro Gobierno de España, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, está en el ojo del huracán. A la presión de los partidos políticos que desde hace meses solicitaban su comparecencia en la Comisión de Industria, ahora se le suma una denuncia presentada por los técnicos del CSN que acusan a la cúpula directiva nombrada en 2013 de "de hechos que resultan preocupantes por las consecuencias que están teniendo, tanto en el ambiente de trabajo, como en la propia seguridad nuclear y protección radiológica".
Y todo esto ocurre a un mes de presentar el informe sobre la posible reapertura de la central nuclear de Garoña y a 15 días de comparecer en la Comisión del Congreso para dar explicaciones a los diputados sobre el futuro de la central nuclear, la situación del ATC, y los últimos incidentes en Almaraz, entre otras cuestiones.
"Desde hace un año, desde junio de 2015, que nos constituimos como sindicato, hemos denunciado internamente la senda marcada por los responsables del CSN, donde se ha instaurado el miedo, la ocultación interna y externa de información y las presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores", explica a este diario M. Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ATECSN), "nos consideran una asociación politizada, que hacemos el favor a los socialistas, pero lo único que queremos es que se nombren a directivos con alta cualificación y conocimientos del sector, no amigos del gobierno de turno, de hecho la propuesta de Ciudadanos para despolitizar el pleno del CSN me parece muy acertada".
En la carta, que se envió y registró en el Congreso con fecha 3 de octubre, ATECSN pide un cambio urgente de regulador, "porque la directiva que existe actualmente lo que quiere es una desregulación nuclear, que cuantas menos inspecciones realicen los inspectores mejor", señala Sánchez Guitián, "los titulares de las centrales quieren estar tranquilos, el sector no quiere un regulador fuerte en una época donde las empresas están ajustándose el cinturón a la hora de acometer más inversiones", por eso pide "liderazgo de calidad, los reguladores tienen que cumplir bien su misión en la sociedad, que nos estamos jugando mucho, entre otras cosas la seguridad y la salud de la gente, un riesgo potencial para la población, el medio ambiente y las generaciones futuras".
Se refiere la geóloga y experta en gestión de riesgos nucleares a los cambios en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales, una de las herramientas que utiliza el CSN para conocer el riesgo de los hallazgos en las inspecciones, "un sistema desnaturalizado paulatinamente, tanto es así que los inspectores deben defender sus propuestas como si estuvieran ante un tribunal, que además minimiza por norma la severidad de la clasificación". También se refiere a los dossieres secretos de las evaluaciones de la central nuclear de Garoña o al asunto de Palomares "en los que no se siguen los procedimientos de firma electrónica vigentes y se mantienen exclusivamente en papel lo que no garantiza su posible manipulación".
"Yo soy funcionaria y me preocupo por lo que pasa en mi país, y hacer una crítica sobre el mal funcionamiento de este organismo debería ser bien acogido, y lo hago públicamente porque por encima del presidente del CSN está el Congreso de los Diputados, una autoridad superior al que este organismo debe rendir cuentas", añade, "y todo lo que evidencio es demostrable, hasta la cúpula directiva lo ha dicho en alguna ocasión, como cuando explicaron que los documentos sobre Garoña y el ATC están en papel para que no haya filtraciones".
El próximo 19 de octubre Fernando Marti comparecerá ante la Comisión de Industria, donde "solicitaremos explicaciones sobre el contenido de esos 'dossieres secretos' sobre Garoña y el ATC, dos hechos graves en materia nuclear que han despertado gran alarma en la opinión pública y que deben ser conocidos", apunta Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo y miembro de Unidos Podemos.
Por su parte, Greenpeace recuerda que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN, para lo cual el organismo regulador ha de responder a cuantas preguntas se le formule, y según la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en su artículo 7, dice que el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y Consejeros.
"Se está demostrando en las Comisiones del Congreso que son posibles las mayorías alternativas, sin el apoyo de Ciudadanos y del PP se pueden aprobar medidas impulsadas por otros grupos políticos", apostilla López de Uralde.
LuisB
06/10/2016