El fiscal reduce las penas a cuatro de los acusados de la ‘trama solar’ de Zamora

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Interior de la fábrica de Pevafersa en Toro.
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El fiscal ha modificado sus conclusiones en el juicio con jurado popular que se sigue por una presunta trama solar en Zamora para reducir la pena de prisión de cuatro acusados, imputarles alternativamente otro delito y mantener la acusación contra el exjefe del servicio de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora.

El fiscal jefe de Zamora, Rafael Carlos de Vega, ha ratificado hoy, en la última sesión de la vista oral, la acusación contra el que fuera responsable de la Administración regional que autorizaba los parques solares, José Bahamonde, por presuntos delitos de negociación prohibida a funcionarios y cohecho.

Por esos delitos ha solicitado para él penas de multa e inhabilitación mientras que para los otros cuatro acusados ha mantenido la acusación por un presunto delito de tráfico de influencias, aunque ha rebajado por ello la pena de cárcel en seis meses y la ha dejado en un año de prisión para cada uno de ellos.

Además, en sus conclusiones definitivas ha pedido alternativamente al jurado, que si no ve delito de tráfico de influencias, considere la posibilidad de imputar a estos cuatro acusados un delito como cooperadores necesarios de una negociación prohibida a funcionarios, por el que ha solicitado una pena de seis meses de multa a razón de veinte euros diarios para cada uno de ellos.

El Ministerio Público ha defendido la existencia de tráfico de influencias porque se creó una trama con la finalidad de que Bahamonde firmase las resoluciones por las que autorizaba las instalaciones solares de sociedades fotovoltaicas a las que estaban vinculados familiares y amigos.

Ha argumentado además la alternativa del delito de negociación prohibida a funcionario como cooperadores porque, según el fiscal, sin su intervención Bahamonde no hubiera podido “aprovecharse del cargo para obtener un beneficio”.

El fiscal ha insistido asimismo en su argumentación en que el exjefe del servicio territorial de Industria de la Junta en Zamora, por su cargo público, no debería haber suscrito un contrato de compraventa de acciones de la fotovoltaica Sol Sayago.

Antes de las conclusiones, en la quinta jornada del juicio celebrada hoy han comparecido dos peritos, uno de ellos de parte, que han discrepado sobre la valoración económica de la empresa Sol Sayago participada por varios de los imputados y que dio lugar a la investigación judicial de la supuesta “trama solar”.

Uno de los peritos aludió incluso a la situación de preconcurso de acreedores en la que se encuentra actualmente la empresa para argumentar que no vale nada mientras que el otro defendió la utilización de un método “frío y objetivo” para valorarla de forma “muy conservadora” en 1,3 millones de euros.

La valoración económica servirá también para determinar la pena de multa, que puede llegar a ser del doble de la cantidad en la que esté valorada la empresa.

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