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En poco más de un año la minería española del carbón pasará página a su historia extractiva. Según el plan aprobado por la Comisión Europea, a finales de 2018, se enfrentará al cierre de las explotaciones deficitarias, al menos las de interior, y podría quedar alguna a cielo abierto si mantiene los acuerdos de venta de su producción, algo que les está resultando muy complicado.

“Las comarcas mineras saben que esta industria se acaba ya, y las empresas carboneras están intentando llamar la atención como sea para conseguir que no les obliguen a devolver en 2019 las ayudas que se dieron en el pasado para ganar en competitividad, además de conseguir las máximas ayudas posibles para proyectos de restauración medioambiental, para infraestructuras y para proyectos empresariales”, explican fuentes del sector.

El carbón nacional no tiene futuro, pero ¿qué pasa con las centrales térmicas? El Real Decreto que está preparando el Ministerio de Energía por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica podría impedir que los propietarios de una central puedan decidir sobre su futuro, una cuestión que preocupa a las eléctricas sobre todo si no les salen los números.

Tanto Endesa como Iberdrola, EDP y Viesgo coinciden en que si el Gobierno interviene en la decisión de abrir o cerrar plantas, debería considerarse una obligación de servicio público y retribuirse. Abogan por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la CE, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Más aún porque su principal queja es que la elevada fiscalidad que afecta a la generación eléctrica está asfixiando a todas las tecnologías de generación, y ahora especialmente a las centrales térmicas tras saber que la Unión Europea ha dado una vuelta de tuerca más al exigir medidas más ambiciosas en las emisiones contaminantes. Tanto es así que ninguna de las centrales térmicas españolas de carbón cumple con los nuevos límites de emisiones contaminantes que establece la revisada normativa europea, lo que les obligaría a cerrar en cuatro años si no invierten en una tecnología más limpia.

Para las eléctricas hay dos soluciones si Energía quiere mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio. Una de ellas es la que coinciden todas, que reciban pagos por capacidad, pero mientras que Endesa y EDP están a favor de la neutralidad tecnológica para esas compensaciones, Iberdrola, según publica El Economista, reclama que las más contaminantes (principalmente el carbón) no puedan formar parte de estos pagos por capacidad.

La otra solución sería reducir los impuestos eléctricos. El sector considera injusto que se grave la producción de energía eléctrica con el impuesto del 7% a la generación y las tasas sobre los residuos nucleares, así como un canon a la producción hidráulica y un ‘céntimo verde’, consistente en la eliminación de las desgravaciones a centrales térmicas.

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