El Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte así como el Real Decreto por el que se establece un marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
De esta manera, el Gobierno cumple con la Directiva europea 2014/94/EU, de 22 de octubre de 2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende impulsar el transporte a través de vehículos que usen energías alternativas a los carburantes como los vehículos eléctricos, Gas Licuado del Petróleo o Autogas GLP, Gas Natural Comprimido GNC, Gas Natural Licuado GNL, biocombustibles e hidrógeno).
Para ello ha puesto a trabajar a siete ministerios (Economía, Hacienda, Energía, Fomento, Medio Ambiente, Interior y Presidencia), así como otras administraciones como las CCAA o las grandes patronales afectadas.
El objetivo es conseguir que España se convierta en país de referencia tecnológica a nivel europeo en el sector de energías alternativas en su triple vertiente: vehículos, componentes e infraestructura de recarga/suministro.
Esta es la estimación preliminar que realizó el Gobierno en cuanto a número de vehículos e infraestructuras de repostaje y recarga:
- GLP: Parque para el año 2020 de 250.000 vehículos, que necesitarían una red de suministro compuesta por 1.200 estaciones de servicio.
- GNL: Parque para el año 2020 de 800 vehículos. Para abastecer la demanda serían necesarias 14 estaciones de suministro en el año 2020.
- GNC: Parque para el año 2020 de 17.200 vehículos. Para abastecer la demanda serían necesarias 119 estaciones de suministro urbano más 17 en TEN‐T.
- Vehículo Eléctrico: Parque de vehículos eléctricos de unas 150.000 unidades en el año 2020, con una red compuesta por 1.190 puntos de recarga urbanos de libre acceso en vías públicas.
- Hidrógeno: Se estima que para el año 2020 existirá un parque de 2.800 vehículos, que necesitarían una red de puntos de suministro compuesta por 21 hidrogeneras.
Para lograr estos objetivos, el Gobierno pretende que las empresas participen a en los programas internacionales que proporcionen fondos para el despliegue de estas infraestructuras, como por ejemplo el Mecanismo ‘Conectar Europa’, o a través de colaboraciones público-privadas.
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