La Comisión de Energía y Minería del Senado ha aprobado ya más del 50% de las enmiendas al proyecto de Ley de Transmisión Eléctrica, lo que podría permitir al gobierno aprobar la ley a mediados del próximo mes de junio.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, dijo que el acuerdo con los parlamentarios ha permitido acelerar la tramitación. “Tenemos más de la mitad de las enmiendas completamente resueltas. El trabajo con los senadores ha sido clave, y lo que hemos ido haciendo es una revisión de las mismas”, señaló.
Este proyecto es clave para la licitación de suministro eléctrico que el gobierno realizará a finales de julio, pues entre otros puntos cambiará el sistema de remuneración de la transmisión, que pasará de correr a cargo mayoritariamente de las generadoras a estar completamente asociado a los consumidores, lo que podría incidir en las ofertas que las eléctricas presenten en la subasta.
Romero descartó un segundo retraso de este concurso, aunque confirmó que reducirán en un 8,7% el volumen de energía que estará disponible, dado los ajustes realizados en las proyecciones económicas para 2016 y 2017. “Cuando hicimos la proyección el año pasado no teníamos el dato real y preciso del crecimiento de la demanda en 2015. Con ese dato hay un ajuste a la baja en el año base. También el Banco Central acaba de hacer una reducción en la expectativa de crecimiento para 2016 y 2017. No queremos dar al mercado una señal de sobrecompra”, dijo.
El recorte en la licitación ascenderá a 1.200 GWh, con lo que la subasta pasará de tener 13.750 GWh disponibles a 12.550 GWh. La mayor parte de la disminución se aplicará al primer bloque de energía, es decir, aquél que las generadoras deben comenzar a suministrar a partir de 2021.
El titular de la CNE señaló que tienen previsto lanzar otras dos licitaciones este año y el próximo. El primero contempla ofrecer bloques de energía por un total de 3.800 GWh y se adjudicará en 2017, mientras que el segundo llegará a 7.000 GWh. En ambos casos, la energía deberá ser suministrada a partir de 2023.
La autoridad señaló que también están estudiando cambiar las bases de la licitación que viene, para elevar el monto de las boletas de garantía y limitar las opciones para traspasar contratos adjudicados, todo con el fin de eliminar la especulación.
Pros y contras del proyecto de ley
El proyecto de ley traerá consigo tarifas más económicas, pero no todo van a ser ventajas, ya que también contempla un nuevo cargo por servicio público. Los pros y contras que traerá la nueva Ley de Transmisión Eléctrica para los consumidores, se podrían resumir en los siguientes:.
En primer lugar, el fortalecimiento de la transmisión contará con nuevos criterios para realizar la planificación de la expansión de este segmento, logrando minimizar los riesgos en el abastecimiento de energía, lo que se traducira en menos interrupciones (cortes) del suministro eléctrico, y por tanto, una mayor producción.
La ley crea condiciones para promover la oferta y la competencia entre los agentes del sector, por lo tanto, los costos de las instalaciones ineficientes o innecesarias no se deberían ver reflejados en las cuentas finales, lo que conllevará, en principio, un un abaratamiento de la factura de la luz.
El proyecto, además, contempla un importante sentido de transparencia en las cuentas de la luz, debido a que éstas deberán contemplar cada gasto en el cual deban incurrir los consumidores finales, de manera que éstos tengan absoluto conocimiento de lo que están pagando (transmisión de la energía, infraestructura, distribución, etc.), a esta medida se suman mecanismos para evitar los sobrecargos de precios permitiendo una disminución de precio final de la energía.
En el otro lado de la balanza hay algunos aspectos desventajosos. El proyecto no contempla medidas cuyos efectos puedan traducirse en beneficios en el corto plazo, sino que éstos deberán primeramente asumir el costo de financiar directamente la transmisión.
Lo anterior, conlleva a que en las cuentas iniciales de la luz, a los consumidores regulados se les imputará el elevado costo de inversión inicial que significará para las transmisoras el acomodarse a la reforma, lo cual tendrá que cubrir el cliente final.
El proyecto contempla un nuevo gasto que deberá cubrir cada pequeña o mediana empresa, hogar y consumidor chileno, denominado “cargo por servicio público” destinado a financiar la operación del Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional y el funcionamiento del Panel de Expertos (órgano destinado a resolver conflictos entre empresas eléctricas y entre éstas y los órganos del Estado en materia eléctrica), organismos cuyo presupuesto actualmente es solventado por las empresas eléctricas a prorrateo y no por los consumidores finales, libres o regulados.