La última traba del Gobierno al sector de renovables parecía ser el decreto de autoconsumo, pero no es así. Aun hay más. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido aparcar la resolución por la que las instalaciones de renovables y cogeneración entrarían a formar parte de los servicios de ajuste del mercado eléctrico. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, el equipo de funcionarios de la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano, ha aparcado hasta la próxima legislatura su informe técnico por el cual el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se basaría para aprobar la resolución que diera entrada a estas instalaciones en los servicios de ajuste.
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, dice en su artículo 10 que "las instalaciones objeto del presente real decreto podrán participar en los mercados asociados a los servicios de ajuste del sistema de carácter potestativo que se establezcan teniendo en cuenta lo siguiente: a) Requerirán habilitación previa del Operador del Sistema. b) El valor mínimo de las ofertas para la participación en estos servicios de ajuste del sistema será de 10 MW, pudiendo alcanzarse dicho valor como oferta agregada de varias instalaciones".
Para ello, la Secretaría de Estado de Energía que dirige Alberto Nadal establecerá, mediante resolución, los criterios bajo los cuales las diferentes tecnologías puedan ser consideradas aptas en toda o parte de su capacidad para participar en los servicios de ajuste. Después de un año, esta resolución ni está ni se le espera. Y claro, el sector eléctrico está que trina.
Fuentes del sector han expresado su asombro porque no entienden que el Gobierno no haya aprobado aun esta normativa que beneficia tanto a las empresas como a los consumidores. "Llevamos más de un año con muchísimas reuniones y no se ha avanzado nada", dice una fuente.
Otra explica que si finalmente no se aprueba en esta legislatura, todo el trabajo realizado por los responsables e interesados en el servicio, es decir, todo el sector, desde REE como operador a la CNMC, como a los propietarios de las instalaciones, grandes eléctricas, o las comercializadoras, se quedaría en papel mojado. "No serviría para nada todo lo realizado. Habría que empezar de nuevo. No se entiende porque no lo aprueban ya, y estamos a un mes de las elecciones".
Tanto REE como la CNMC ya han hecho todo el trabajo previo. Desde el 30 de julio, fecha de los informes preceptivos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Gobierno podría haber aprobado la norma, pero ha preferido dejarlo para otro momento. "¿Por qué no lo aprueba? No se entiende", dicen desde el sector.
Los servicios de ajuste del sistema, son mecanismos gestionados por REE que tienen como función básica garantizar la continuidad y seguridad del suministro y la coordinación de los sistemas de producción y transporte. "Lo que se hace con esto es mantener la frecuencia, que esté equilibrado el binomio generación-consumo y mantener la tensión constante en el sistema, fundamentalmente", aseguran desde el sector eléctrico.
Las instalaciones que participarían de los servicios de ajuste pierden una oportunidad única de obtener una serie de ingresos que ahora no poseen, y que por ejemplo, para las instalaciones que ya no poseen primas, sería fundamental para su supervivencia.
Los servicios de ajuste a día de hoy generan el 10% de los ingresos de las compañías eléctricas. Aproximadamente unos 1.300 millones de euros al año. Si las renovables entrasen a formar parte de este mercado, sus ingresos rondarían los 300-400 millones de euros, que por culpa del Gobierno están dejando de ingresar al no aprobar la resolución. "Todo son ventajas económicas para el sector eléctrico".
La gran beneficiada de esta normativa sería la energía eólica, y por tanto sus promotores, que en muy buena parte son las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa, Acciona o EDP, pero también se beneficiarían de ello los más de 60.000 productores fotovoltaicos, siempre y cuando constituyan bloques de 10 MW válidos para participar en este mercado.
Además, este servicio ayudaría al operador del sistema a tener que hacer menos restricciones técnicas, paradas de centrales eléctricas. Esto implicaría también más ingresos para las instalaciones ya que estarían más horas funcionando.
En definitiva, el Gobierno está volviendo a sus andadas de perjudicar a las renovables. El sector confiaba en que Alberto Nadal aprobaría este año la norma, sobre todo porque hay elecciones a la vista, pero la orden es clara, hasta la próxima legislatura no se hace nada. Inexplicable.
joseaner
16/11/2015