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Mañana el Congreso de los Diputados aprobará el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social, con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos, que ya lo pactaron el mes pasado, y con los votos en contra de Unidos Podemos.

A partir de entonces, será necesario el desarrollo de tres reglamentos para poner en marcha esta nueva normativa, uno que defina qué es un consumidor vulnerable, otro que determine cómo va a funcionar el bono social y un tercero que establezca el procedimiento para los cortes de suministro. Y aunque haya un plazo de tres meses para elaborarlos, Energía pretende tenerlos antes.

No cabe duda de que a partir de ahora los destinatarios y el mecanismo de bono social cambiarán, y de ser un descuento del 25% para familias numerosas, o con todos sus miembros en paro, pensionistas con pensiones mínimas y hogares con una potencia contratada inferior a 3 kW, pasará a ser un descuento variable en función del nivel de renta.

Y también cambiará la financiación. Hasta la fecha las empresas eléctricas pagaban unos 250 millones de euros anuales para su cobertura, para un total de 2,4 millones de hogares en España, de los cuales 188 millones (más del 75%) salían de las arcas de las grandes compañías energéticas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la financiación para estos nuevos beneficiarios del bono social “no será costeada en su totalidad por las comercializadoras, tal y como se ha anunciado, sino que se está planteando que sea al 50% con la Administración Pública”.

Con esta decisión, Álvaro Nadal no solo pretende que las facturas de los consumidores especialmente vulnerables (los que no pueden pagar la luz y tengan derecho a que no se les corte el suministro) se cofinancien al 50% entre comercializadoras y comunidades autónomas o ayuntamientos, sino que se extienda a toda la financiación del bono social.

Por el momento, el ministro quiere escuchar todas las propuestas de los grupos parlamentarios, pero es él quien tendrá la última palabra.

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2 Comentarios

  1. Las comercializadoras tendrían que contribuir en función de los GWh facturados al año, no en función del número de contratos.

  2. De acuerdo con Dabama. Además la normativa protege a las COR frente a las de libre mercado dando la posibilidad de trasladar ese coste al conjunto del grupo empresarial al que pertenecen; haciendo que las COR adquieran ventaja competitiva frente a las de libre mercado, que deberán trasladarlo a sus ofertas debido a sus exiguos beneficios. Para más inri se mantienen las barreras legales para adquirir la condición de COR.
    Menuda liberización del sector!
    Está claro que el regulador y el gobierno prefieren mirar para otro lado.

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