El Gobierno gana tiempo en el Constitucional para no pagar ahora los 500 millones a las eléctricas por el bono social

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Álvaro Nadal, ministro de Energía.
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El Gobierno prepara la presentación de forma “inminente” de un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años, indicaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

Esta sentencia, de finales de octubre, no solo reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas, sino que anula el mecanismo de financiación del bono social, circunstancia que obligó recientemente al Gobierno a diseñar un nuevo sistema en el que el coste de la ayuda se carga sobre las comercializadoras.

El Ejecutivo adopta la decisión de recurrir al Constitucional después de que la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo desestimara el incidente de nulidad que había presentado el propio Gobierno en contra de la sentencia del tribunal. La Abogacía del Estado considera que los cauces legales no están agotados y que se puede recurrir al Constitucional.

Prospere o no, el recurso permite al Gobierno ganar tiempo, ya que paraliza hasta su pronunciaciamiento y posterga el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España de los cerca de 500 millones con las que estas empresas han financiado el bono social en los últimos años. El importe final está pendiente de que el Supremo proceda a la ejecución de la propia sentencia, que debería estar en los dos meses siguientes a la publicación de la sentencia.

El dinero de la indemnización, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habrá de cargarse sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta segunda opción es menos probable, a la vista del reciente acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.

Al final serán los consumidores los que tengan que pagar el pato de una pésima regulación en materia de financiación del bono social y su reparto entre los agentes del sector eléctrico.

Al margen de esta indemnización, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sigue trabajando en el desarrollo normativo del real decreto ley sobre la nueva financiación del bono social, en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras eléctricas.

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

En su recurso ante el Constitucional, el Gobierno argumentará que el Supremo ha incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, el Gobierno quiere que se consulte a Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Pero en el Supremo ya se tuvo en cuenta este caso, ya que fueron las propias compañías eléctricas las que pusieron sobre la mesa el caso francés y a pesar de ello, el Supremo acabó por dar la razón a las compañías.

Una cosa es que no haya preguntado al TJUE y otra que no lo haya prejuzgado el Tribunal Supremo.

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