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El secretario de Energía, Daniel Navia, ha dicho que en la decisión sobre la continuidad operativa de Garoña o su cierre definitivo “hay que oír a todo el mundo” y “echar cuentas”, como prevé el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, que contempla hacer auditorías energéticas.

Navia, tras comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso, ha manifestado, a preguntas de los medios de comunicación sobre el anuncio del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, de no reanudar la actividad en Garoña por no ser rentable la energía nuclear, que “es una de las muchas empresas que hay” y ha recordado que “hay otras que no están diciendo lo mismo”.

En su opinión, la auditoría de costes prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos para la energía nuclear y la hidráulica “puede ser el contexto en el que hay que valorar” si tiene sentido la continuidad de Garoña y las nucleares.

Ha insistido en que el cierre de la central, gestionada por Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa, “no supondría un cambio respecto a la situación actual”, al ser su caso “distinto al de otras centrales porque está parada desde hace mucho tiempo”.

No obstante, ha reiterado que, tanto en el caso de Garoña como en el de la generación de energía nuclear en general, habrá que “oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso entre todos sobre cuál es la mejor fórmula”.

Respecto al informe del que se ha venido hablando que ha enviado Nuclenor, según el cual devolver Garoña a la actividad le costaría casi 200 millones de euros, Navia ha dicho que no le consta, como tampoco que la empresa haya retirado su petición de renovar la licencia de explotación.

Bono social

Respecto al reglamento del bono social, el secretario de Estado ha dicho que, después de su envío a la comunidades autónomas, espera poder mandarlo esta semana o la siguiente a la Comisión Nacional de los Mecados y la Competencia (CNMC), tras lo cual deberá ser informado por el Consejo de Estado.

Navia espera que a principios de verano esté en vigor el reglamento para aplicar el nuevo bono social, aunque ello dependerá si se mantiene más abierto el plazo de aportaciones, como han solicitado algunos grupos políticos.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

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