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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado una consulta pública para el proyecto de real decreto que quiere aprobar para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

Al Gobierno no le convence la normativa actual y quiere dejar claro que cerrar una planta nuclear o de carbón no será tan fácil. En definitiva, una manera más de intervenir y controlar el mercado eléctrico.

El gabinete dirigido por Álvaro Nadal señala que mediante este real decreto pretende abordar una serie de medidas que garanticen “en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional”.

Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica “son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía”.

En concreto, la consulta, que tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma, estará abierta hasta el próximo 15 de septiembre.

Por medio de este real decreto, el Ministerio busca desarrollar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurran una serie de supuestos, como el riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria, amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía eléctrica, así como en situaciones que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución del suministro.

Además, considera necesario tener en cuenta las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, de cara a las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea en el horizonte 2030 y 2050, para lograr el cumplimiento de los objetivos energéticos y de cambio climático que los Estados miembros han asumido como consecuencia, entre otros, del reciente Acuerdo de París.

Asimismo, afirma se debe ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva central, considerando el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española.

De esta manera, el objetivo final de este real decreto que prepara el Gobierno es dotarse de los instrumentos para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha buscado los apoyos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos para regular este cierre de centrales a través de una ley, aunque sin éxito, ha reiterado en varias ocasiones que esta decisión no puede depender únicamente de las empresas porque influye en la configuración del ‘mix’ energético, un tema que debe ser competencia del Parlamento y el Gobierno.

El discurso de Nadal respecto a este tema se endureció a partir de mayo, después de que Enel, principal accionista de Endesa, confirmara que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de la Compostilla (León) y Teruel antes del 30 de junio de 2020.

Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció en junio que acometería un “cese paulatino” de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

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