El decreto de autoconsumo sigue dando que hablar. Uno de los sectores más afectados es el regadío. Muchos agricultores han optado todos estos años por instalar plantas fotovoltaicas o de minieólica para autoconsumo energético y así abaratar el coste del regadío de las plantaciones. Con el decreto de autoconsumo y el impuesto al sol, el coste será mayor a partir del próximo febrero cuando estos propietarios declaren sus instalaciones de autoconsumo.
Esto sucede en tierra firme. Pero, por ejemplo, en Canarias el problema se acrecienta al quedar limitado el autoconsumo energético con energía eólica para desalar agua. Los agricultores canarios se quedan totalmente indefensos y en fuera de juego. Los costes para obtener el agua con la que después riegan se multiplican.
El experto Jorge Morales de Labra ha explicado en una entrevista en Cope Canarias que el decreto de autoconsumo incluye una disposición que obliga a que la potencia eólica instalada sea menor que la potencia de la planta desaladora, una limitación que afecta a la posibilidad de autoconsumo de la mayoría de ellas, sobre todo a las más pequeñas. "El Gobierno nos obliga a volver a desalar agua con petróleo", asegura Morales de Labra, en referencia a que los agricultores tendrán que volver a desalar agua con fuel.
A diferencia de otros sectores económicos como puede ser la cogeneración para la industria o el ferroviario, el decreto de autoconsumo no contempla para la desalación de agua una excepción que le ayude a mejorar los niveles de ahorro energético. Es más, al quedar fuera de la norma, se los multiplica. "Eso nos destroza por completo", asegura Juan Lozano, apoderado de la empresa Soslaires Canarias, al diario La Provincia. Esta compañía posee varios aerogeneradores para desalar el agua con el que riega sus plantaciones.
Productos como el plátano, el tomate o el pepino están en peligro de extinción. Al no poder autoconsumir con eólica, los costes para desalar agua se duplican y por tanto afecta al precio de venta de estos productos agrícolas, de tal manera que se quedan totalmente fuera de mercado. Según cuenta este diario, la totalidad del pepino de Gran Canaria se produce con agua procedente de desaladoras que funcionan con eólica. Con el tomate sucede lo mismo, pero al 70% y el plátano al 50%.
Hasta ahora, la normativa dejaba a las empresas generar energía para abastecerse y poder desalar el agua necesaria para sus plantaciones. Además, le dejaba vender al sistema el excedente. Eso sí, nunca más de la mitad de lo que generaba. Por ello, los empresarios optaron por instalar prácticamente el doble de potencia de lo que consumía la desaladora para así no quedarse cortos nunca y generar ahorros en el proceso de producción.
Ahora, con el decreto de autoconsumo actual lo que sucede es que los que poseen molinos eólicos para desalar agua se han convertido únicamente en productores de energía. "El decreto nos contempla solo como generadores y no como ahorradores", denuncia el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, en el mismo diario.
Morales de Labra explica en su entrevista en la radio que las empresas no utilizan esta potencia para generar más energía y exportarla, sino para compensar las horas de viento anuales, “que pueden ser 3.000”, frente a las de funcionamiento de la desaladora, que pueden triplicarlas.
El decreto de autoconsumo, cuenta este experto, obliga a quienes quieran alimentar las desaladoras con eólica a “convertirse en productores” y vender una parte de la energía. El problema, añade, es que por ella se le va a pagar “cuatro veces menos de lo que se paga por el fuel”, lo que lo convierte en “un negocio ruinoso", según cuenta el diario Canarias Ahora que se hace eco de la entrevista.
El empresario de Soslaires Canarias ha explicado que no puede hacer frente a los costes que le genera amoldarse a la normativa de autoconsumo. Según sus cálculos, serían unos 12 millones de euros, por lo que está abocado a regresar al fuel si quiere seguir desalando agua para sus campos de agricultura. "Eso sería una barbaridad", dijo al respecto Morales de Labra.
El caso de Agragua
_La Sociedad Agragua SA, domiciliada en la ciudad de Gáldar (Isla de Gran Canaria), se constituyó el 10 de febrero de 1990, con el objeto social de construir y explotar una planta desalinizadora de agua de mar para uso agrícola y abastecimiento público. Inicialmente, el Ayuntamiento de Gáldar participó en la entidad con un 60%. Es a partir de julio de 1997 cuando la sociedad mercantil adopta su estructura accionarial actual, compuesta por más de 500 socios del sector agrícola. _
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