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Rápido, corriendo y a última hora. Eso es lo que parece que ha hecho el Gobierno con su decisión de solicitar al CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) por vía de urgencia que se apruebe una reforma de las licencias de todas las centrales nucleares de España.

Según consta en el orden del día del Pleno del CSN previsto para hoy, 30 de mayo de 2017, hecho público el pasado 26 de mayo, se está trabajando para la aprobación de un “proyecto de modificación de las Órdenes ministeriales por las que se concede la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares”.

Es decir, que la normativa vigente establece un periodo de tres años en los que los propietarios de las centrales deben solicitar la ampliación de su vida útil con la presentación de documentación requerida para tal efecto y con la solicitud, pero ahora se establece que solo se presente parte de esa documentación antes de tres años y el resto, junto con la solicitud, se hagan unos meses antes de expirar la última licencia.

Y nada hace pensar que no haya mayoría en el Pleno para dar su consentimiento, como mucho un posible voto particular en contra de uno de los miembros del Consejo.

Lo que soprende de esta decisión no es que no sea legítima o legal, sino que se podría haber tomado en cualquier momento de los últimos diez años y no justo cuando queda una semana para el 8 de junio, el día que expira el plazo para que los dueños de la central de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) inicie el proceso para su renovación, según cuenta ElIndependiente.com.

Y el hecho de que se haga con urgencia, “supone que no va a haber debate sobre si interesa o no a la sociedad en su conjunto o si es seguro o no presentar la documentación con tan poco plazo”, señalan fuentes internas de este organismo regulador, “se aprueba y ya está, lo que hace parecer al CSN más una dirección general de un Ministerio que un consejo independiente y que se toman las decisiones cuando no queda más remedio, lo retienen todo lo posible, y ese tope es ahora”.

Pero aún hay más. Conjuntamente a esta reforma se quiere aprobar una revisión de la Guía de seguridad GS-1.10, una normativa que elimina el requisito que vincula la presentación de las Revisiones Periódicas de la Seguridad a la vigencia de los permisos de explotación.

Con esta decisión del Ministerio de Energía, vuelve a estallar la bomba en el seno del CSN. Uno de sus sindicatos, ASTECSN, ha advertido que “esto significa que se puedan realizar evaluaciones de la documentación para la renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares sin que haya una solicitud previa”, y que con la aprobación de la revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10, “se abre subrepticiamente la puerta a alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años”.

Las modificaciones propuestas por el Ministerio contemplan que el titular “podrá solicitar una nueva autorización de explotación de la central en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de aprobación del Plan Integral de Energía y Clima o, en su caso, en la fecha en que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, que más adelante se establece, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de dicha fecha.”

Según el ASTECSN, “esto supone acortar los plazos para presentar la solicitud de autorización que actualmente están establecidos en tres años antes del vencimiento de la autorización. Dicho plazo, de forma aproximada, en el caso de la central nuclear de Almaraz, quedaría en unos 14 meses; en el caso de la central nuclear de Ascó, 18 meses; en el caso de la central nuclear de Cofrentes, 13 meses; en el caso de la central nuclear de Trillo, 19 meses; y en el caso de la central nuclear de Vandellós II, 15 meses“.

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