El Gobierno no da su brazo a torcer sobre el control del precio de la luz

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Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
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La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE.

Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del año pasado a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

Mientras tanto, la Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no ceder poder al regulador para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno, indicaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

A finales de noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que responde a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se compromete a “despejar las dudas” y a adoptar las medidas necesarias para “permitir el cierre del expediente”, según el contenido de la misiva, recogida por ‘El País’ y ‘El Mundo’.

En la carta, el Gobierno comunica que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta “aumentar las competencias de la CNMC”. Sin embargo, habrá un “mecanismo de doble lectura” en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron a Europa Press que España ha comunicado a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea de lo que se le solicita.

Solicitud de un periodo transitorio

Así, se ha manifestado la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación.

Fuentes comunitarias confirmaron a Europa Press la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa.

Por su parte, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que el Gobierno español ha remitido su respuesta. “Dado que el procedimiento está en marcha, no comentamos la correspondencia entre la Comisión y el Estado miembro, es una cuestión bilateral. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios”, señaló.

Bruselas se encuentra cerrando el tercer paquete sobre energía antes de abordar el cuarto y, como parte del proceso, desea cerrar en febrero los posibles procedimientos sancionadores que se presenten. El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española.

Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, de forma textual, que “las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)”.

“La independencia respecto a los gobiernos es un aspecto crucial del régimen de las ARN a tenor de las directivas” y “la experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independiente de los reguladores respecto a los gobiernos”, indica el dictamen, según las fuentes.

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