"Este Gobierno apuesta por las energías renovables y lo seguirá haciendo". Palabras de Mariano Rajoy el pasado 25 de mayo en el debate de la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas.
Unos días después, ya en este mes de junio, el Gobierno ha elevado a la Comisión Europea su posición sobre la Directiva de Renovables. Y el documento, que ha dado a conocer la patronal fotovoltaica UNEF, dice justamente todo lo contrario a lo que dijo Rajoy. Se podría resumir que se trata de un documento 'antirrenovables'.
Para empezar, el Gobierno asegura que "el objetivo debe mantenerse en el 27% y no debe haber objetivos nacionales vinculantes". Existe ahora una propuesta para alcanzar un mayor objetivo pero el Gobierno da la sensación de que no quiere hacer muchas más renovables. Y encima quiere que el objetivo no sea vinculante, así no tendrá la obligación de cumplirlo.
Basa su argumento en que España necesita tener más interconexiones si quiere más renovables en el mix eléctrico. "Para establecer las contribuciones nacionales, los Estados miembros tendrán que considerar su nivel de interconexión y su trayectoria de acuerdo con los planes de energía y clima. Un país con pocas interconexiones como España no puede comprometerse a alcanzar un nivel de renovables igual que un país con interconexiones".
El artículo 5 de la propuesta de Directiva de Renovables abre la posibilidad a los Estados miembros de que los mecanismos de apoyo a la nueva potencia renovable se abran a otros Estados miembros. Se propone que sea un 10% de la nueva capacidad renovable cada año de 2021 a 2025 y al menos el 15% entre 2026 y 2030. Estos mecanismos de apoyo pueden ser subastas, subastas conjuntas, certificados, etc.
En la misma línea que antes, "el gobierno ha añadido un párrafo para que los países que no hayan alcanzado el 10% de sus interconexiones entre 2021 y 2025 y el 15% entre 2026 y 2030 no apliquen este artículo".
No más ayudas
Además, el Gobierno pretende eliminar el artículo 6 en el que se obliga a mantener el apoyo financiero a las renovables, y no cambiar las reglas de juego, tal y como sucedió en España con los recortes retroactivos.
Si no consiguiera eliminarlo, el Gobierno propone otra redacción, en la que deja claro su apuesta por hacer este tipo de recortes retroactivos si fuese necesario. "Y adaptar la remuneración a las circunstancias actuales del mercado u otras revisiones incluidas en el marco general de un Estado miembro ya aprobado en la fecha de concesión de la ayuda” – argumentan que la remuneración de un esquema de apoyo no puede estar congelado toda la vida útil del proyecto ya que debe estar sujeto siempre a revisiones para ajustar esa remuneración. Los inversores deben internalizar esta posibilidad en sus planes de inversión", dice el Gobierno en exposición de cambios.
Tampoco quiere el Gobierno que exista cierta predictibilidad a la hora de organizar la capacidad renovables futura. Así, según el documento de UNEF, "el Gobierno no quiere que la Comisión obligue a los Estados miembros a hacer planes a largo plazo para nueva capacidad renovable y su apoyo para que los inversores tengan suficiente predictibilidad. Sugieren que sean de un año, debido a que si están obligados a hacer planes a largo plazo puede que no se consigan renovables al coste más bajo".
Autoconsumo, lo justo
Para rematar su posición sobre la Directiva de Renovables, el Gobierno ha querido matizar algunos de los puntos sobre el autoconsumo con energías renovables.
Sobre ello, el Ministerio de Energía, con Álvaro Nadal a la cabeza, exige que las instalaciones de autoconsumo deben estar sujetas a los mismos requisitos que el resto de las instalaciones. "Además debe haber un registro de instalaciones". Si no se controla, dicen que "subirán los precios, incrementará la volatilidad del mercado y causará problemas a la seguridad de suministro y operación del sistema".
El Gobierno podrá querrer todo esto, pero el Tribunal Constitucional le acaba de decir que el registro no es necesario para el autoconsumo ya es una traba más que otra cosa.
Además, la directiva dice que "las comunidades de energía renovable están limitadas a 18 MW al año de instalación". El Gobierno lo que pretende es limitar a 5 MW (de estos 18 MW) a la electricidad renovable. Lo demás puede ser calefacción, refrigeración u otras formas de energía.
Según la patronal fotovoltaica, el Gobierno dice que "hay que asegurarse que estas comunidades de energía renovable pagan los peajes y cargos del sistema exactamente igual que lo harían los consumidores por separado.
En definitiva, ¿es o no es un documento antirrenovables?
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