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Quedan solo unos meses para que todos los contadores eléctricos domésticos sean inteligentes, en concreto el 1 de enero de 2018, según normativa. Y las eléctricas están haciendo muy bien sus deberes porque a falta de medio año, el porcentaje es muy alto.

Endesa, por ejemplo, ya tiene más del 86% de sus dispositivos, unos 10 millones de contadores. Iberdrola Distribución, por su parte, se sitúa ligeramente por delante, con el 90% de los contadores sustituidos, superando la cifra de los 9,5 millones. Y Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, superó en marzo la cifra de los tres millones de contadores inteligentes domésticos instalados, el 83% de su parque de equipos.

La regulación ha impulsado la sustitución de los contadores analógicos por los inteligentes, convirtiendo a España en líder europea en su desarrollo. Además, este avance tecnológico está ayudando a las eléctricas a reducir las pérdidas y una facturación más exacta.

Sin embargo, plataformas ciudadanas y asociaciones de consumidores han criticado que su implantación no se haya traducido en permitir que la demanda de electricidad desempeñe un papel activo en el funcionamiento del mercado, tal como impone la Directiva europea 2009/72/CE de 13 de julio de 2009.

Algo que podría cambiar tras anunciar el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su participación en la X Asamblea General de la plataforma Futured del pasado viernes, que se va a “revisar la normativa de protección al consumidor del uso inteligente de los datos” y eso incluye “los contadores inteligentes”, destacando por otro lado que gracias a ellos, “tenemos un precio dinámico”.

Una decisión que no es iniciativa del Gobierno sino que viene impuesta por la Unión Europea. De hecho, el 25 de mayo de 2018 es la fecha tope para comenzar a aplicarse el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Su objetivo es poder tomar el control sobre la mayor parte de los datos privados, así como garantizar un trato y uso más seguro de los mismos.

Entre otras novedades, todas las empresas estarán obligadas a comunicar las brechas de seguridad que puedan producirse, y deberán extraer información constante sobre los intentos de intrusión y los accesos no autorizados y notificarlos en el plazo correspondiente.

Además, incluye el derecho de los consumidores a ser informado si los datos personales han sido pirateados, sobre todo cuando esos datos hayan sido cedidos a una empresa para una finalidad concreta y se les presupone seguridad en la guarda y custodia de los mismos; un lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.

Esto afectará directamente a los datos que se obtengan de los contadores digitales, ya que facilita el conocimiento y la gestión de los datos de consumo eléctrico de los consumidores, algo que podría interesar a las empreas para ofrecer nuevas ofertas y productos, pero también a los propios consumidores para hacer una buena gestión de su consumo.

Esa será una de las “medidas más concretas que están preparando en el Ministerio en el medio y corto plazo”, ha añadido Navia, junto con el impulso de la eficiencia energética a través del IDAE y los programas asociados al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que subvencionarán las actuaciones bajas en carbono de los ayuntamientos, los planes de movilidad sostenible y la generación distribuida en edificios públicos, entre otros.

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