Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras de electricidad las cantidades que abonaron en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De esta forma, Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ha rondado los 200 millones de euros anuales. En total, son unos 500 millones de euros.

De ese importe, cada eléctrica tenía que abonar una cantidad en función de su cuota de mercado.

Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares. El resto se lo reparten entre EDP y Viesgo.

En octubre de 2016, el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo. Por lo que el Gobierno ha tardado un año en abonar esta cantidad a las cinco grandes eléctricas.

En la resolución del Ministerio de Energía, publicada este martes por el BOE, se ordena el pago de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016 por las comercializadoras de electricidad, a lo que se añadirá “los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro”.

Los pagos “se realizarán con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones”, añade la orden. El Gobierno consiguió meter en el Presupuesto General del Estado de 2017 que el dinero generado con el superávit eléctrico se podría utilizar para abonar las multas de las sentencias que el Gobierno perdía en los tribunales en los distintos recursos tanto en el Supremo como en otras instancias.

Hasta ahora, el Gobierno había dejado aparcados los 1.000 millones obtenidos en 2014, 2015 y 2016 en una cuenta en la CNMC. Hasta ahora, el superávit generado era obligatoriamente que fuera contra el déficit generado en el sistema desde hace 20 años y que asciende a más de 20.000 millones de euros.

Quien sale totalmente perjudicado de todo esto es el consumidor, que en vez de ver cómo se reduce la partida que se destina a ese déficit en la tarifa de la luz, ve como se queda igual y encima la cuenta del superávit se disminuye en un 50% aproximadamente. Al final como siempre es el que se encarga de pagar todo.

La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como órgano encargado de las liquidaciones, a fin de que proceda a realizar los reintegros.

La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la información sobre las liquidaciones que se realicen.

Contra este acto, no cabe la interposición de recurso alguno.

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima.

Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, en una pocas semanas.

Artículos relacionados:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Dejar respuesta

1 × cinco =