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Vuelve el Gobierno a utilizar la Constitución para tumbar una proposición de ley que apoya la mayoría del Congreso. Si ya lo hizo con el autoconsumo, ahora le toca el turno a la normativa que prohíbe el fracking en territorio nacional.

Se trata de una proposición que ha presentado Unidos Podemos con el apoyo de una veintena de formaciones políticas de todo el país y que tiene la mayoría parlamentaria. Pero como el Gobierno esgrime que afecta a los presupuestos pues veta que se lleve adelante dicha normativa en el parlamento.

Según explica la formación morada, los motivos que argumenta el Ejecutivo son económicos, según se desprende del informe emitido por el Gobierno, al esgrimir la vulneración de su competencia en materia presupuestaria, al presuponer que pueda producirse una disminución de los ingresos fiscales.

Según ese informe, la caída de ingresos del Estado vía presupuestaria sería de 125.000 euros por sondeo exploratorio. El canon de superficie que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación a razón de 125.000 € por sondeo. “La aprobación de la PL podría suponer un impacto presupuestario de 625.000 euros que afloraría en el momento del devengo de la citada tasa”.

Como esta cantidad es casi ridícula, 625.000 euros, para tumbar e proyecto de ley, el Gobierno ha querido justificar aún más su veto. Según Unidos Podemos, “el Gobierno argumenta, sin ninguna base jurídica, que la prohibición del fracking puede derivar en la demanda de responsabilidad patrimonial de las empresas titulares de permisos de exploración. Sin embargo, la Propuesta de Ley no prohíbe explotar los recursos, prohíbe hacerlo con una técnica determinada que en ningún momento se especifica en los permisos de investigación concedidos. De la misma manera, la propuesta no extingue los permisos, por lo que el estado seguiría cobrando el canon de superficie mientras estos se mantengan en vigor formalmente”.

Según el informe, el Gobierno tendría que indemnizar a las escasas empresas que siguen con derechos de exploración con una cantidad abrumadora.

Según el Gobierno, en la medida en que se impida continuar con los trabajos de investigación, el titular se encontrará en la imposibilidad de rentabilizar su inversión por lo que podría solicitar de la Administración una responsabilidad patrimonial por un importe equivalente, al menos, a la inversión acometida hasta el momento.

Dicha inversión, que no se ha realizado porque nadie está explorando, podría superar los 100 millones de euros, según el informe de veto del Ejecutivo.

Una vez más el Gobierno se ha salido con la suya y no deja que una normativa con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario salga adelante.

Ahora, o se negocia el levantamiento de este veto en la Mesa del Congreso o habrá que negociar con el Gobierno para llevar a cabo esta normativa antifracking.

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