El Gobierno vasco trabaja en un reglamento para organizar el autoconsumo eléctrico

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha explicado que su Departamento trabaja en la elaboración de un reglamento para regular el autoconsumo eléctrico en Euskadi.

Tapia ha dado a conocer esta iniciativa en su respuesta a una pregunta parlamentaria de la socialista Natalia Rojo, durante el pleno de control que hoy celebra la Cámara vasca.

Rojo se ha interesado por las gestiones que ha llevado a cabo el Ejecutivo autonómico con Iberdrola y asociaciones productoras de energía fotovoltaica desde la aprobación del Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, en el que se incluyen cargos a los autoconsumidores conectados a la red.

Rojo ha advertido de que el "tema energético es un asignatura pendiente" en la que es preciso que las instituciones "se pongan a trabajar ya" y ha dejado claro que si el líder de su partido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno central derogará el citado Real Decreto.

Por su parte, la consejera ha explicado que su Departamento trabaja para "crear un marco propio para Euskadi" en materia de autoconsumo eléctrico, para que los consumidores "tengan capacidad de elegir entre comprar la energía o autoproducirla".

"La autoproducción es positiva para el propio sistema eléctrico", ha defendido Tapia, quien ha detallado que el Gobierno Vasco quiere elaborar un reglamento sobre esta materia, pero que, en todo caso, el Ejecutivo autonómico aboga por la derogación del Real Decreto.

El pasado año el Parlamento Vasco ya pidió al Gobierno central que derogase la citada normativa con los votos de PNV, EH Bildu, PSE y UPyD.

Esta regulación prevé una serie de cargos para los autoconsumidores que estén conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar el coste de las infraestructuras y servicios del sistema dado que ellos también los utilizan.

Las asociaciones fotovoltaicas la han criticado al considerar que los cargos que establece el decreto pretenden impedir su desarrollo. También las principales organizaciones ecologistas españolas han calificado de "absolutamente inaceptable" ese decreto al estimar que ha "primado el interés de las grandes empresas frente al general".