El Gobierno está en racha y no cabe en sí. Las últimas sentencias judiciales les han dado todas la razón. Este lunes se ha conocido el primer laudo arbitral de un inversor extranjero que demandó a España por el recorte a la fotovoltaica en 2010. El tijeretazo que aplicó en diciembre de ese año el por entonces ministro de Industria Miguel Sebastián.
Se filtró a los medios el laudo, pero nadie se hizo eco de él hasta que el Gobierno lo hizo público por la tarde. El propio Gobierno ha caído en su propia trampa. Como si se tratase de Narciso admirándose por lo logrado, el Ministerio de Industria no cayó en que el laudo es confidencial y no tenía por qué hacer público el documento sin el consentimiento de la otra parte.
Según el artículo 46 de las reglas del arbitraje en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, donde se ha resuelto el primer laudo favorable a España, "salvo acuerdo en contrario de las partes, el SCC y el Tribunal de Arbitraje deberá mantener la confidencialidad del arbitraje y el laudo".
Además, la corte de arbitraje dice que "cada parte se compromete a mantener confidenciales (a) todas las órdenes y laudos en el arbitraje, junto con (b) todos los materiales presentados en el procedimiento arbitral y creados con el propósito del arbitraje y (c) todos los demás documentos presentados por la otra parte en el procedimiento de arbitraje a menos que tales documentos ya sean de dominio público".
Y claro, el Gobierno no ha cumplido su parte. Para que un laudo sea público es necesario contar con el beneplácito de las partes, y en este caso, según ha podido saber este diario, el Gobierno no ha contado con el visto bueno de Isolux. Es más, incluso el Ministerio de Industria podría salirle caro el hacer público el laudo.
Si la parte afectada por no respetarse la confidencialidad quisiera, podría denunciar al Gobierno por daños y perjuicios al hacer público el laudo.
Eso sí, el Gobierno se ha cuidado de borrar las cantidades de dinero solicitadas anteriormente por las partes en el apartado de costas del arbitraje.
Gusto por publicar sentencias
No es el primer encontronazo que el Gobierno tiene con la justicia. Le ha cogido gusto a publicar sentencias sin consentimiento alguno, todo por sacar pecho y mostrar al mundo entero que el recorte a las renovables de unos 3.000 millones es legal.
El pasado diciembre, el Gobierno hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazaba el recurso interpuesto por el Gobierno de Murcia contra el decreto de 2010. En el seno del TC sentó bastante mal que el Gobierno filtrara la sentencia de forma ventajosa, parcial y sin su consentimiento. Hizo un comunicado semanas antes de que se hiciera pública la sentencia. Contando solo lo que le convenía.
Ahora, con el laudo arbitral ha sucedido algo parecido. El tribunal no ha hecho público el laudo porque no tiene el visto bueno de las partes, pero el Gobierno lo ha sacado a la luz para poder sacar pecho. Pero es que además, lo ha hecho de manera parcial. Solo ha publicado el laudo, sin dar a conocer a todo el mundo el anexo con el voto particular de uno de los tres árbitros.
El árbitro Guido Tawil emitió un voto particular al discrepar rotundamente de la decisión adoptada. En el mundo del arbitraje, normalmente se nombran tres árbitros. Cada una de las partes proponen a uno y si se ponen de acuerdo se aceptan y luego el presidente del tribunal que es totalmente independiente.
Lo normal es que el laudo sea avalado por los tres miembros. Fuentes jurídicas especializadas en arbitrajes internacionales han señalado a este diario que el hecho de que haya un voto discrepante no suele ser habitual. Los árbitros internacionales son letrados de reconocido prestigio que no juzgan por ser propuestos por una de las partes, sino porque entienden que es lo más justo. Ni más ni menos. Por eso choca que justo, el Ministerio no haya querido dar a conocer el anexo y la opinión de uno de los tres árbitros. En este caso, al haber voces discordantes entre los dos árbitros, la decisión del presidente del tribunal es la que más pesa y decide para uno u otro lado la resolución del caso.
Además, tal y como dice el laudo, "el Tribunal Arbitral por supuesto no pretende prejuzgar de manera alguna las conclusiones a las que podría llegar otro tribunal arbitral con base en el análisis del conjunto de normas adoptadas hasta la fecha, incluyendo las normas de 2013 que han quedado por elección de las partes fuera del análisis sometido a este tribunal.
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