El Consejo de Seguridad Nuclear ya tiene preparado el informe técnico que dictaminará si ampliar o no la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña y ya se sabe que se hará público a finales de enero, según fuentes internas del regulador nuclear.
Ésa es la única sorpresa, porque tal y como se venía rumoreando, el informe será favorable a la reapertura de la central pero con condiciones muy duras y con la obligación de acometer grandes y exigentes reformas según señala la normativa comunitaria post-Fukushima, una vez que se cumplan los requisitos de la ITC 14.01 así como la implantación de ciertas modificaciones de diseño. "Garoña casi cumple con estos requisitos previos al informe, para completarlos debe invertir unos 10 millones de euros más", señalan fuentes del sector.
A partir del informe del CSN, solo quedará conocer la decisión del Gobierno, aunque el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya se posicionó el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados al reconocer que la nuclear es “la única que genera la energía que necesitamos sin emitir CO2”.
Por tanto, si el CSN da el ok a la reapertura y el Gobierno no se opone, serían las empresas propietarias de la central, Endesa e Iberdrola, quienes deberán decidir si acometer las inversiones multimillonarias que les impone el regulador, que superan y con creces, las previas al informe.
Y según fuentes del sector, dependerá de la extensión de la licencia. "Aunque la costumbre es ampliar a 10 años no hay ninguna ley que lo concrete. De hecho se sabe que los dueños de la central han pedido autorización para 17 años más, después de 40 años en funcionamiento y cuatro parada".
También dependerá de una decisión puramente económica. "Si no les salen los números es posible que decidan desmantelar Garoña, pero el informe servirá para dar la puerta de salida a que el resto de centrales puedan ampliar su vida útil", señalan las fuentes, "en Francia y en Estados Unidos se han extendido a 60 años y son países serios, de los que se puede tomar referencia".
Además, añaden "en España hay un sistema muy garantista y por eso, las instalaciones están mucho mejor que cuando se hicieron, se han superado los estándares de seguridad que había inicialmente".
Todas las flechas señalan, con casi toda probabilidad, a un desmantelamiento de Garoña y, por tanto, a su cierre definitivo, que no tardará en hacerse porque a las eléctricas les está costando pérdidas que suman 150 millones de euros en estos tres años de 'stand-by' de la central.
El sector eléctrico da por zanjado el tema de Garoña y se centra en Almaraz, porque es la siguiente en la lista para solicitar la ampliación de su vida útil. El 1 de mayo de 2020 le vence el permiso de explotación, justo cuando cumpla sus 39 años de funcionamiento, y se deberá solicitar su ampliación con al menos tres años de antelación, el próximo 1 de mayo de 2017.
"Ahora bien, esperemos que, como Garoña va a conseguir la licencia para reabrirse y se va a ampliar su permiso de explotación, no se pida al Gobierno de turno que le pague una indemnización como ha ocurrido con otras instalaciones ya conocidas por todos", concluyen las fuentes.
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