El juez del caso Castor rechaza imponer la fianza de mil millones a los investigados

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Almacén de gas Castor.
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El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón), que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, ha rechazado la petición de la acusación particular de imponer una fianza de mil millones de euros a los investigados.

Así consta en el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), sobre la petición de fianza para hacer frente a posibles responsabilidades civiles si los investigados son condenados en la causa abierta sobre el almacén de gas situado frente a las costas de Vinaròs.

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor, Aplaca, que representa a cuatro perjudicados y está personada como acusación particular, solicitó en junio de 2016 que se le reclamara dicha cantidad a los investigados.

Asimismo, pedía que se declararan responsables civiles directos al Estado Español y a cuatro empresas para las que trabajaban los investigados (Escal UGS, ACS, Castor Limited Partnership y Dundee Energy Limited), y que fueran éstos los que aportaran dicha suma de manera solidaria.

Aplaca propuso esa cifra tras multiplicar 12.000 euros por el número de habitantes de las localidades de Alcanar, Sant Carles de la Rápita y Ulldecona, en Tarragona, y de Benicarló y Vinaròs, en Castellón, afectados por los más de 300 seísmos que sacudieron la costa norte de la provincia y sur de Tarragona en septiembre de 2013.

Las defensas de los investigados y el Ministerio Fiscal entendieron que la cantidad era excesiva, y que era pronto para establecer una fianza.

Además, no consideraron acreditados los daños morales a los que aludía Aplaca, por lo que se opusieron a la petición.

El instructor ha decidido rechazar por el momento la imposición de la fianza, ya que considera que la cantidad solicitada es “notoriamente excesiva”, teniendo en cuenta que la Asociación Aplaca “no cuenta en la actualidad con más de cuatro miembros considerados como perjudicados”.

En su auto, el instructor cree que es “prematura la fijación de una fianza” en el momento en el que se encuentra el procedimiento, aunque no descarta acordarla en un futuro.

Respecto a la ausencia de acreditación de los daños morales esgrimida por las defensas, el juez recuerda que no se puede descartar su acreditación, “debido a la naturaleza de los delitos que se investigan”.

Esta macrocausa se sigue contra una veintena de investigados por delito de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

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