El mecanismo de interrumpibilidad eléctrica llega a Alemania

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La canciller alemana, Angela Merkel es optimista sobre el acuerdo definitivo entre Rusia y Ucrania. FOTO: EFE
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La Comisión Europea (CE) dio luz verde al mecanismo propuesto por Alemania para reducir puntualmente el consumo eléctrico de los grandes usuarios, sobre todo empresas, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad de la red y el suministro energético.

Tras estudiar el esquema de capacidad propuesto por Berlín, el Ejecutivo comunitario concluyó que es compatible con las normas de ayudas de estado europeas y que además “mejorará la seguridad del suministro eléctrico sin perjudicar la competencia”, según informó en un comunicado.

La medida alemana prevé que los operadores puedan firmar contratos semanales con los grandes consumidores energéticos que les permitan reducirles el suministro eléctrico hasta en 1.500 megawatios a distancia y en un breve lapso de tiempo cuando sea necesario rebajar la demanda para estabilizar la red.

A cambio, los operadores tendrán que pagar al consumidor una cuota que se fijará en subastas a las que podrán acudir los usuarios que consumen más de 10 megawatios (en general empresas grandes y medianas): estos pueden ofrecer a los operadores una cierta capacidad de interrupción a cambio de una determinada cuota.

La CE cree que este sistema mejorará la capacidad de reacción de los operadores cuando se produzcan desequilibrios entre la demanda y la oferta que pongan en riesgo la seguridad del suministro eléctrico permitiendo actuar sobre la demanda en lugar de elevar la producción energética.

Bruselas coincide con Berlín en que el aumento de las renovables en el conjunto de la producción energética alemana requiere que haya mayor flexibilidad para controlar la red eléctrica.

En abril la CE advirtió a los estados miembros de que estos “mecanismos de capacidad”, cuyo objetivo último es evitar apagones, pueden perjudicar la competencia y provocar un aumento del precio para los consumidores si están mal concebidos.

Entre abril de 2015 y el mismo mes de 2016 la CE analizó 28 mecanismos instalados en 11 países: España, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia.

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